El juez de la Instrucción del Distrito Juridicial de la Provincia Bahoruco, Edis Yovannis Rodríguez Muñoz, envió a la cárcel con un año de prisión preventiva a cinco de los 10 involucrados en un desfalco millonario al Banco de Reservas, y dejó en libertad al resto de los procesados.
Atendiendo el pedido del Procurador Fiscal, Wander Jiménez de León, el magistrado envió a la cárcel Cambronal de aquí a Ángel Modesto Cuevas Sánchez (El Calvo), Orlado Herasme Carmona (Andi), José Migue Reyes, Adrián Antonio Carvajal Mateo y Carlos Manuel Cuevas (Chaka).
Mientras, fueron dejados en libertad con garantía económica de 50 mil pesos y visita periódica el último viernes de cada mes, Katherine Santana (Kati), Luz María Arismendi, Nanay Yaret Montero Ramírez, Idalice Pérez Duval y Fernando Santana (Pacha).
El juez declaró el caso complejo y dio un plazo de 8 meses para que el Fiscal investigue y presente sus alegatos. Los implicados son acusados de incurrir en delitos de alta tecnología.
La defensa criticó la decisión del magistrado Rodríguez Muñoz, a quien habían solicitado que dejara a todos sus defendidos en libertad con garantía económica y presentación periódica, alegando que no representan peligro de fuga debido a sus arraigos.
Los abogados Manuel Alexander Sena del Valle (Chulo Chunga), Eugenio León Vargas y Richard Ferreras Segura, consideraron que el Juez pudo haber dictado medidas menos gravosas porque el proceso aún está en fase de investigación.
“Nosotros entendemos que el juez cometió un error porque falló contra jóvenes que tienen una conducta inatacable en el municipio y acogió todo lo que le pedio el ministerio público”, dijo Sena del Valle, el cual no descartó una negociación en el caso.
Sin embargo, el Fiscal Jiménez de León ponderó la decisión del magistrado de la Instrucción. “Como es un caso complejo de crimen organizado consideramos que fueron las medidas más satisfactorias en función de que ambas se subsumían en el tipo penal o conducta exhibida en la medida de coerción de los imputados y las imputadas”.
Entre los implicados hay estudiantes, profesionales, microempresarios y empleados públicos y privados, que alegan que su único delito es haber retirado dinero de sus cuentas personales.
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