SANTO DOMINGO. A pesar de las modificaciones con que se aprobó en el Senado, el pasado martes, el proyecto de Presupuesto General del Estado Correspondiente al año 2019, donde se elimina el controversial artículo 59, la jugada del Gobierno no eliminó por completo la petición, sino más bien se redujo a la mitad el mismo requerimiento en otro proyecto de ley, que busca conseguir inversión privada en la central termoeléctrica Punta Catalina.
Es decir, en el artículo 59 del Presupuesto, que quedó eliminado en la adenda sometida por el Ejecutivo, se planteaba que se autorizara al Gobierno central “la venta de acciones y/o participaciones de capital de empresas propiedad del Estado dominicano o de proyectos, por hasta el monto máximo del diez (10%) por ciento de la deuda del sector público no financiero con el propósito de limitar todo nuevo incremento de la deuda pública”.
Sin embargo, en el artículo 9 del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Hacienda la emisión de bonos de deuda pública por RD$190 mil millones para financiar el Presupuesto de 2019, se solicita autorización al Poder Ejecutivo “para realizar operaciones de venta de acciones y/o participaciones de capital de empresas propiedad del Estado dominicano o de proyectos, por hasta el cinco por ciento (5%) de la deuda del sector público no financiero con el propósito de limitar todo nuevo incremento de la deuda pública”.
En ambos artículos se repite la particularidad de que el Poder Ejecutivo solo “informará al Congreso Nacional las operaciones que realice”.
Durante las reuniones de trabajo de la Comisión Bicameral que estudió el Presupuesto de 2019, el ministro de Hacienda reconoció “el interés del Gobierno dominicano de que socios privados inviertan en algunos activos, específicamente en la Planta de Punta Catalina y entren como socios del Estado”.
Informe disidente
En el informe disidente presentado por los diputados del PRM Ginnette Bournigal y Wellington Arnaud, miembros de la Comisión Bicameral que estudió el Presupuesto, objetaron que el Poder Ejecutivo se limite “solo informar” a los legisladores de las ventas de bienes públicos y se prestase “para suprimir las atribuciones intrínsecas del Congreso Nacional”.
También se cuestionaron los detalles sobre las cuentas por pagar del Estado que ascienden a RD$66,131 millones que el diputado Arnaud solicitó al Ministerio de Hacienda y que según hizo saber en su informe disidente “dicha solicitud fue respondida de manera inconclusa e irrespetuosa, pues nos llegaron datos sin soportes”.
El Presupuesto, que ahora deberá ser conocido en la Cámara de Diputados, contempla un total de erogaciones por RD$921,810.6 millones, de los cuales RD$643,906.8 millones se corrresponden a gastos corrientes y RD$121,549.1 millones a gasto de capital, mientras que RD$156,354.7 millones serán para amortización de la deuda pública, pago de capital, “pago de membresía a organismos internacionales, sentencias condenatorias de los tribunales de la República y pagos por concepto de expropiaciones”.
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