Hombres con rostros de preocupación y cabizbajos acuden con frecuencia a la fiscalía en busca de conciliación, tras recibir una citación promovida por mujeres que les reclaman el cumplimiento de la obligación de mantener a sus hijos, después de una separación.
El temor a caer presos por incumplir la obligación de garantizar la alimentación de los hijos hace que vayan, de forma apresurada, ante el representante del ministerio público, tras un acuerdo sobre el monto de la pensión que se les exige.
“Es que tengo un amigo que está preso en La Victoria por RD$30,000 que debe de una pensión”, se escuchó comentar a un demandado por manutención en la fiscalía que funciona en el Juzgado de Paz del Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, en demostración de que quiere evitar que le suceda lo mismo.
El hombre estaba inquieto. Preguntó al personal que le atiende en la recepción de la fiscalía si podía hacer un acuerdo rápidamente sobre el monto que va a pagar, porque quiere salir de eso.
Allí le explicaron que no era posible ayer porque el fiscalizador estaba en un taller de capacitación, pero le dijeron que se fuera tranquilo porque no iba a tener problemas.
En un momento se le escuchó quejarse de que le daba 25,000 pesos a la madre del hijo para los gastos del niño, pero le atribuyó la demanda a que le había quitado el apartamento donde la tenía viviendo porque ya tiene otra pareja.
Una demanda tras otra
El hombre se marchó de la sala, pero bien no había cerrado la puerta cuando entró otro gestionando una copia de una sentencia que le fijó el pago de una pensión, porque tiene audiencia la próxima semana debido a que la madre de su hijo le está reclamando un incremento del monto, algo que debe decidir el juez.
El hombre se marchó de la sala, pero bien no había cerrado la puerta cuando entró otro gestionando una copia de una sentencia que le fijó el pago de una pensión, porque tiene audiencia la próxima semana debido a que la madre de su hijo le está reclamando un incremento del monto, algo que debe decidir el juez.
A la sala de conciliación de la fiscalía no solo llegan hombres que son demandados por manutención. En la primera fila de uno de los cuatro bancos del salón había una joven que llegó preocupada a resolver la situación por la que atraviesa el marido, quien según se pudo escuchar, estaba preso por una deuda que tenía por pensión alimentaria, ante demanda interpuesta por la expareja. En ese tipo de conflictos se ven envueltas personas de distintas edades. Una madre adolescente llegó acompañada de un vecino. Al ser menor de edad, se le requirió que fuera acompañada de un familiar.
Cuando el empleado de la fiscalía se percató del sector de donde procedía, le informó que no corresponde a esa jurisdicción y le indicó la correcta.
Se vio entrar allí también a una mujer embarazada con el mismo propósito, de reclamar que el padre del bebé que lleva en el vientre le cubra los gastos desde el embarazo.
Fuera de la fiscalía, sentados en un banco en el pasillo frente a la sala de audiencia se observaron mujeres conversando con los abogados que las representan en el tribunal, ya que los casos fueron judicializados porque no llegaron a una conciliación en el ministerio público, primera fase que hay que agotar en esos procesos.
Se oyó decir a una mujer que frente a su hijo no habla mucho sobre el comportamiento del padre de no aportar para su alimentación para no hacerle daño, ya que el niño le ha externado algunas quejas sobre su progenitor en los términos de que no quiere hablar con él porque siempre le dice que no tiene dinero para comprarle la leche.
Reclamos frecuentes
En un mural fuera del tribunal estaba colgada una hoja con los casos del día, 18 en total, 10 para fijación de audiencia y los otros ocho por incumplimiento, reducción e incremento del monto de la pensión.
En un mural fuera del tribunal estaba colgada una hoja con los casos del día, 18 en total, 10 para fijación de audiencia y los otros ocho por incumplimiento, reducción e incremento del monto de la pensión.
Un promedio de entre 20 y 25 casos de pensiones por día son conocidos en el juzgado de paz de la cuarta circunscripción del Distrito Nacional, ubicado en el Ensanche La Fe, según precisó el juez Reymundo Mejía.
Allí acuden personas de distintos estratos sociales, barrios y edades, lo cual le permite afirmar que en esa materia no hay privilegios, sino que allí se conocen las demandas de pensiones de cualquier ciudadano, sin importar el cargo, ni la posición.
El magistrado Mejía señala que lo bueno es que se trata de una materia especializada en la que se tutelan los derechos de los niños, no de los padres. Considera que hay personas que están erradas al creer que esa jurisdicción está para proteger los derechos de los padres. “A veces vienen buscando que el tribunal tutele el derecho del padre del niño porque este no quiere dar una pensión justa, o quieren que el tribunal le tutele el derecho a la madre porque la madre quiere que el padre le cubra todos sus gastos personales”, indicó.
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EL PROCEDIMIENTO; LAS AUDIENCIAS
El tribunal celebra audiencia para conocer ese tipo de casos dos veces por semana. Son más frecuentes los que van para imposición de la pensión que por incumplimiento, reducción o aumento.
EL PROCEDIMIENTO; LAS AUDIENCIAS
El tribunal celebra audiencia para conocer ese tipo de casos dos veces por semana. Son más frecuentes los que van para imposición de la pensión que por incumplimiento, reducción o aumento.
El juez Reymundo Mejía explicó que cuando los padres tienen algún conflicto y no se ponen de acuerdo, van donde el fiscalizador especializado en la materia, que es el representante del ministerio público ante el Juzgado de Paz.
Expuso que ese fiscal realiza una vista de conciliación, que es obligatoria en virtud de la ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
El parámetro principal para colocar una pensión son los ingresos del padre y el consumo del muchacho. Si los padres están de acuerdo con un monto se levanta un acta y se lleva al tribunal para que lo homologue.
Sostuvo que se conoce mediante el procedimiento penal, porque la ley establece que el padre que no cumple con los alimentos se le impone una pena de dos años, suspensiva.
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