El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso ayer privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez y consideró que deben ser deportados “inmediatamente” tras cruzar la frontera, lo que supondría una violación del principio de debido proceso.
“No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron”, escribió Trump en la red social Twitter, mientras se dirigía a su campo de golf en Sterling (Virginia).
“Nuestro sistema -continuóes una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (...) ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!”.
El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de cualquier litigio sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.
En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.
No obstante, en 2004, el Gobierno de George W. Bush estableció que pueden ser deportados de manera exprés aquellos inmigrantes que han llegado ilegalmente a Estados Unidos en los últimos 14 días y que, en el momento de su arresto, se encuentran a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera.
Esa norma para las llamadas “devoluciones en caliente” solo puede ser impuesta a mexicanos y canadienses, aunque Trump intentó sin éxito extenderla a los centroamericanos al comienzo de su mandato.
Poco después del tuit de Trump, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los principales grupos de Estados Unidos en la defensa de los derechos civiles, emitió un comunicado para avisar de la ilegalidad de la propuesta y pedir a los miembros del Congreso que expresen su rechazo.
“Lo que el presidente Trump ha sugerido aquí es tanto ilegal como inconstitucional. Cualquiera que haya jurado defender la Constitución y las leyes debe rechazarlo inequívocamente”, dijo Omar Jadwat, director del proyecto de ACLU destinado a defender los derechos de los inmigrantes.
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