PERÚ. Si hubiera que ponerle un título a la película que vivimos los peruanos desde que en la última Nochebuena Pedro Pablo Kuczynski (PPK) liberó a Alberto Fujimori, éste podría ser “Amnesia”, aunque algunos reclamarían el más melodramático “La traición”.
La fotografía del exdictador levantándose de su silla de ruedas como por obra y gracia de un milagro bíblico ya ha sido comparada en su debido meme con la instantánea también sobrenatural del apoplético Pinochet volviendo a pisar las calles de lo que fue Santiago ensangrentada tras ser liberado en Londres.
Como en esas grandes novelas de dictadores latinoamericanos, los tiranos indultados por supuestas enfermedades terminales nunca mueren, es más, mandan mensajes políticos por Twitter. Y no gracias al realismo mágico sino a descaradas componendas políticas.
Lo primero que ha hecho Alberto Fujimori, después de posar en muy buena forma con sus hijos y dejar en evidencia que no ha salido de la cárcel para preparar su funeral, es ocupar una mansión en una de las zonas más exclusivas del distrito de La Molina, en Lima. Tiene piscina y está muy lejos de cualquier hospital. Son casi dos mil metros cuadrados alquilados por la friolera de 5 mil dólares mensuales.
Desde esa casona tuitea con la convicción de un político en pleno ejercicio de sus facultades, prometiendo “un país sin violencia” -sí, el mismo que mandaba torturar a sus rivales políticos en los sótanos del Servicio de Inteligencia- y “más allá de los intereses particulares” -hablamos de la cabeza de un gobierno que le debe al Estado casi mil millones de dólares.
Hace unos meses tuiteaba desde la cárcel y en la oposición, hoy lo hace desde la calle e instalado en un espúreo oficialismo amañado. Pero a las puertas de su flamante vivienda ahora están apostados decenas de jóvenes descontentos y dispuestos al escrache.
La amnesia ataca a la política y las viejas luchas parecen desdibujarse de un plumazo: El Perú ha dejado de ser referente en justicia internacional por haber juzgado a un jefe de Gobierno por crímenes de lesa humanidad para volver a formar parte de la lista negra de lugares donde reina la impunidad.
Preso por haber ordenado al grupo paramilitar Colina el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y el de 15 habitantes de una quinta en Barrios Altos, entre ellos un niño de 8 años, tenía también condenas por secuestrar periodistas y por utilizar fondos públicos para montar medios de comunicación amarillistas - la llamada “prensa chicha”- dedicados a destruir a sus adversarios.
Junto a su oscuro asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, con el que co-gobernaba, construyeron una maquinaria de corrupción política monumental. Todo fue grabado por el asesor para su videoteca personal que hoy conocemos como “vladivídeos” y en los que se ve a los más altos mandos del Estado y del empresariado local recibiendo fajos de billetes a cargo de favores.
Fujimori también fue condenado por hacer desaparecer algunos de esos vídeos y por pagarle 15 millones de dólares a Montesinos por su silencio.
Cuando PPK lo indultó cumplía en una cárcel de lujo la sentencia de 25 años, de los que pasó solo 12 en prisión; y tenía varios juicios pendientes, como el del asesinato de varios campesinos en Pativilca o el de las esterilizaciones forzadas a cientos de mujeres indígenas, todos casos abiertos que podrían archivarse para siempre.
Pero los intentos de aplicar la amnesia colectiva solo han sido posibles por la envergadura de la traición del presidente. Para entender el accionar de PPK hay que remontarse a las elecciones de 2016 cuando este conocido tecnócrata, con fama de lobbista, encarnó el voto antifujimorista.
En una apretada contienda logró pasar a segunda vuelta gracias al apoyo de la derecha liberal que prefirió al defensor del modelo económico actual pero dudoso antifujimorista -ya en las elecciones de 2011 PPK había apoyado con entusiasmo la candidatura de la hija del exdictador Keiko Fujimori- antes que dejar a la izquierda arañar el poder con Verónika Mendoza.
Solo así PPK pudo disputar la Presidencia a Keiko y finalmente ganar. No indultar a Fujimori fue una promesa electoral que el actual presidente acaba de infringir de manera sangrante. PPK indulta al exdictador no para salvarlo de la muerte como indica la gracia presidencial.
Lo hace para librarse de la delicada situación en que lo ha colocado el destape de sus negocios con Odebrecht, la empresa constructora brasileña que ha corrompido a muchos gobiernos latinoamericanos.
Revelados sus vínculos con la mafia del ladrillo, la oposición fujimorista, que tiene mayoría en el Congreso, pidió su vacancia por incapacidad moral, pero en el último momento de la votación se decidió su permanencia.
Lo que supimos días más tarde fue que no había sido despojado del poder gracias a un canje político: PPK continuaba gobernando pero con Fujimori fuera, gobernabilidad a cambio de impunidad. Hoy a PPK le acusan de ser un rehén del fujimorismo, cómplice y presidente-fantoche.
A la campaña inventada por esa nueva alianza entre fujimorismo y gobierno -en plena fuga de ministros y funcionarios contrarios al indulto- se le ha llamado “reconciliación nacional”, impuesta por decreto: 2018 será el año para abrazarnos y olvidar, algo que los colectivos pro-derechos humanos repudian.
En el manifiesto firmado por más de 200 escritores, entre ellos Carmen Ollé y Mario Vargas Llosa, se alerta sobre esta farsa: “rechazamos el abuso del lenguaje de la reconciliación y el perdón que busca legitimar esta medida espuria, y colocar como violentos e intolerantes a quienes defienden la verdad y la memoria”. También se denuncia otro decreto de última hora para otorgar una reparación económica a las víctimas como un intento de acallarlas.
Para todos ellos, los que no han caído en la amnesia, el nuevo gabinete con figuras polémicas como el nuevo ministro del Interior, Vicente Romero, relacionado con el fujimorismo, así como el regreso de la “prensa chicha” difamatoria, suenan demasiado familiares, recuerdan tiempos oscuros.
También ha resucitado el acoso a periodistas que ya se vivió en los años de la dictadura. En los últimos días, la prensa fujimorista ha afinado sus dardos contra informadores como Jacqueline Fowks, corresponsal de El País, y Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado por mandato de Fujimori durante el golpe de abril de 1992.
Una gran manifestación se prepara para este 11 de enero, la tercera que se convoca desde el indulto. En una de ellas se pudo ver un cartel que flameaba con un clamor: “no puedo creer que en 2018 siga marchando contra Fujimori”.
Hay incredulidad, hartazgo y mucha indignación. Con todos esos sentimientos, las miles de peruanas y peruanos que ya salieron a las calles en el año 2000, exigiendo la caída del dictador y su corte, vuelven para advertir a este régimen de dos cabezas que no se lo van a poner fácil.
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