El informe técnico rendido al Pleno de la JCE por la Dirección de Informática, en el que recomienda no usar los equipos usados en las elecciones del 2016 para el escrutinio de los votos, señala que por primera vez la JCE pasó de ser el protagonista y responsable de la información electoral a ser “un usuario de consulta y presentación de los resultados procesados por un tercero”.
Indica que INDRA, empresa contratada mediante licitación para el suministro de los equipos informáticos, pasó a tener el control total del procesamiento de la información y que dejó a la JCE encargado solo de la logística del proceso en cuanto a capacitación, distribución y uso de los equipos, con el agravante de disponer de un cortísimo tiempo para efectuarlo adecuadamente.
Precisa que la solución no contempló en su propio diseño una contingencia para ejecutarse en caso de fallas.
Argumenta que se advirtió la inconformidad de que los datos resultantes de los Colegios Electorales sean suministrados directamente a INDRA, para que luego de ser procesados por ellos, estos fueran retransmitidos a los servidores de la JCE.
Puntualiza que a pesar de ser un punto contractual, no se efectuó una integración ni participación de los técnicos informáticos de la JCE con el propósito de confirmar “in-situ” la funcionalidad de los equipos antes de ser embarcados a la República Dominicana. Además, resalta que las recomendaciones de los técnicos, en cuanto a las fallas del sistema y los problemas de hardware, fueron obviadas.
“La solución de equipos y servicios adquiridos a INDRA se definió como una caja negra en la cual no se permitió la participación de los técnicos calificados de la Dirección de Informática de la JCE en el proceso de diseño, adaptación, integración ni de la implementación. Este personal quedó excluido de dichos procesos, así como del control de los equipos adquiridos y sus programas”, establece el informe.
Expone que en los procesos electorales efectuados desde el 2000 al 2014 los trabajos de tecnología iniciaban con un año de anticipación, pero enfatiza que en el del 2016 se mostró una evidente improvisación, falta de control, y carencia de un plan de trabajo integrado a un plan estratégico y al calendario electoral.
“Esto se veía venir con el hecho de firmar un acuerdo de tecnología, con todo lo que esto implica, y efectuando modificaciones de ampliación al acuerdo, a menos de 75 días de las elecciones”, acota.
Advierte que a días de las elecciones estaban haciéndole cambios a los componentes, luego de haber sido adjudicado el contrato, implica que las especificaciones de los equipos en la licitación no cumplían con los objetivos establecidos, y que la adjudicación en este escenario no debió efectuarse.
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