SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su preocupación por el aumento “considerable” de las tasas para los actos y documentos jurídicos como propone el proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana y que la elevaría de RD$30.00 a RD$100.00 los actos que no sobrepasen de RD$2,000,000.
FINJUS dice que la propuesta, en su artículo 78, “quebranta los principios de progresividad y gradualidad en materia tarifaria”.
La entidad indica que aquellos actos jurídicos que sobrepasen los 2,000,000 pesos pagarían un 0.0001% del monto involucrado en la transacción.
En una comunicación de prensa, la FINJUS agrega que el proyecto de ley contradice la misión de Estado que promueve las condiciones jurídicas y administrativas para una justicia accesible y oportuna.
Explica que la iniciativa legislativa fue depositada el 31 de enero del presente año 2017 a raíz de la sentencia número 0274/13, de fecha 26 de diciembre de 2013, que fuera evacuada por el Tribunal Constitucional y que declaró la inconstitucionalidad de la normativa que hasta el momento regía el Colegio de Abogados, esto es la ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983.
Valoró, no obstante, positivamente la introducción de un conjunto de novedades que mejoran el texto de algunos de los artículos del proyecto de ley.
En cuanto al aumento de la tasa, la FINJUS sostuvo que la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado propuso, entre otras consideraciones, una modificación respecto de las tarifas, al indicar que la tasa de servicio a ser destinada al Colegio de Abogados por concepto de los actos y documentos judiciales sería de RD$50 y que a pesar de esta propuesta “que disminuye en un 50% el monto originario establecido en el proyecto de ley y fija puntualmente una tasa única para los actos sin que haya variación por los valores envueltos en las diversas transacciones judiciales que son realizadas, la misma no fue tomada en consideración”.
“Entendemos que deben reconsiderarse estos montos, tal y como lo propuso la Comisión del Senado mediante el informe favorable que emitió, a fin de que las tasas de servicio que se aumentarán se correspondan con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad tarifaria de cara a cánones constitucionales como son la accesibilidad y equidad de la justicia”, dice la FINJUS.
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