En una oficina en Washington, no falta mucho para que tres árbitros decidan, sin derecho a apelación, la demanda presentada por la compañía minera multinacional OceanaGold contra El Salvador.
En juego está, según el gobierno del país centroamericano, nada menos que la salud de sus habitantes.
Mientras que la minera insiste en la importancia de mantener la seguridad jurídica que los inversionistas esperan para defender sus intereses.
El caso tiene implicaciones también para el futuro de otras naciones en América Latina y el resto del mundo.
“Lo que está en juego es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes. O si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha decidido invertir”, le dijo a BBC Mundo Luis Parada, coordinador del equipo de abogados de la empresa estadounidense Foley Hoag que representa a El Salvador.
A lo que la minera argumenta que defiende derechos adquiridos de manera legítima.
Contaminación
OceanaGold, una minera canadiense-australiana, demanda a El Salvador por la decisión del país de no otorgarle una concesión para explotar oro.
El gobierno salvadoreño asegura que la explotación podría contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.
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Mining Watch Canada
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El Salvador asegura que la minera no cumplió requisitos legales.
El reclamo inicial de la compañía fue por US$314 millones, una cifra luego reducida a US$250 millones.
El monto cercano es el equivalente al presupuesto de tres años de salud, educación y seguridad pública combinados, según dijo durante un viaje a Canadá para divulgar la posición salvadoreña Yanira Cortez, procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente del país centroamericano.
“Tenemos el derecho a decidir sobre nuestros propios recursos naturales”.
Ya tuvo lugar la audiencia final y se espera en cualquier momento una decisión del CIADI, el panel de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington.
Para Luis Parada, “lo que OceanaGold quiere en realidad es que El Salvador, ante la amenaza (de tener que pagar) les otorgue la concesión”.
De Pacific Rim a OceanaGold.
El reclamo tiene sus orígenes en 2004. En ese entonces, la empresa canadiense Pacific Rim, luego adquirida por OceanaGold, solicitó una concesión de explotación para una mina de oro, El Dorado, en el departamento norteño de Cabañas.
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Cispes
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La minería es un tema controversial en gran parte del mundo en desarrollo.
Pacific Rim pidió la concesión pocos días antes de que expiraran dos licencias de exploración que se le habían concedido.
Parada señala que El Salvador no otorgó la concesión de explotación porque Pacific Rim no cumplió tres requisitos de la Ley de Minería.
“Pacific Rim no era propietaria o tenía permiso de los dueños del área solicitada en concesión, no presentó un estudio de factibilidad y no presentó permiso ambiental”, le dijo a BBC Mundo Parada, abogado oriundo de El Salvador.
Parada afirma que cuando el gobierno salvadoreño comunicó su decisión a la empresa, ésta intentó convencerlo de que cambiara la Ley de Minería e incluso “redactó un proyecto de una nueva ley en 2007, intentando que fuera aprobado en la Asamblea Legislativa”.
“Cuando eso no fue posible Pacific Rim amenazó a El Salvador con un arbitraje internacional y cambió la nacionalidad a su subsidiaria Pac Rim Cayman de las Islas Cayman a Estados Unidos para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, CAFTA en inglés”, afirmó Parada.
“Y luego inició el arbitraje en 2009″, aseguró.
“OceanaGold intervino en el arbitraje a partir de 2012, cuando adquirió el 20% de las acciones de Pacific Rim, comprando el 80% restante en 2013″.
Sin jurisdicción
El Salvador logró que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidiera que no tenía jurisdicción para decidir la controversia bajo CAFTA.
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Luis Parada
Luis Parada
El abogado Luis Parada defiende la posición del gobierno salvadoreño.
Pero el panel con sede en Washington sí se declaró competente bajo la Ley de Inversiones de El Salvador.
“Para El Salvador es mucho lo que está en riesgo en este caso”, le dijo a BBC Mundo Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, una ONG canadiense que monitorea el impacto de los proyectos mineros de Canadá en el mundo.
“Para OceanaGold, en cambio, es una apuesta relativamente barata”, agregó Moore.
Los argumentos
El Salvador afirma que Pacific Rim no cumplió los requisitos de la Ley de Minería y que el país está en su derecho de implementar medidas diseñadas para proteger la salud y la vida de su población y el medio ambiente.
Según Parada, es algo crucial, “especialmente en un país tan pequeño como El Salvador (21.000 km cuadrados), con un gran estrés hídrico y que esencialmente depende un río principal, el Lempa, que cruza todo el territorio salvadoreño y que resultaría afectado con cualquier derrame de sustancias tóxicas en el sitio del proyecto de Pacific Rim”.
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AFP
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Algunos temen el impacto que puedan tener las empresas mineras sobre el medio ambiente.
En cuanto a los argumentos presentados por la minera internacional, Parada sostiene que “han cambiado a medida que ha avanzado el arbitraje”.
“Primero dijeron que habían cumplido con todos los requisitos de ley, menos con el permiso ambiental, diciendo que no había sido otorgado por razones arbitrarias”, aseguró el letrado.
“Pero al final, Pacific Rim/OceanaGold ha sostenido que tiene derecho automático a la concesión aún si no hubiese cumplido con los requisitos de ley, por el solo hecho de haber explorado y encontrado minerales”, agregó.
El vocero de OceanaGold, Andrea Atell, señaló a la publicación canadiense The Catholic Register: “La licencia de exploración para el proyecto El Dorado, que fue concedida bajo la ley de minería y que fue apoyada por el hallazgo de valiosas reservas de oro por Pacific Rim, creó una obligación legal al gobierno salvadoreño de procesar la aplicación de una concesión de explotación”.
OceanaGold basa el monto de US$250 millones del reclamo en la cantidad de oro que estima hubiera podido extraer en la mina de El Dorado.
“Pacific Rim invirtió decenas de millones de dólares. Pero creemos que la medida apropiada de los daños reclamados es el valor del mineral cuya explotación fue bloqueada”, dijo este año a la BBC Timothy McCrum, abogado de Pacific Rim en la disputa.
Cuando la BBC cuestionó este argumento, señalando que la compañía pierde las “decenas de millones” que invirtió, y no la cifra mucho mayor de US$250 millones de oro que aún no ha sido explotado, McCrum señaló: “Es una cuestión que deberá resolver el panel de arbitraje”
OceanaGold asegura que cumplió los requisitos legales pero luego se vio perjudicada por la decisión del entonces presidente, Antonio Saca, a través de declaraciones de prensa, de introducir una “prohibición de facto”, al suspender las concesiones de minería metálica por su riesgo, en respuesta a protestas y marchas populares.
McCrum le dijo a la BBC: “En marzo de 2008 el entonces presidente de El Salvador declaró a la prensa que no habría más minería metálica en el país. Fueron simplemente declaraciones de prensa sin ningún cambio en la ley”.
“No es el único caso”
La lucha de El Salvador ante el riesgo de derrames tóxicos tuvo su origen en las propias comunidades de zonas que se verían afectadas por eventuales concesiones.
Varios países han aceptado acuerdos para enviar a tribunales de arbitramento sus disputas con multinacionales.
“Esa población se organizó en varias ONG que han contado con el apoyo de ONG internacionales y de muchos amigos y aliados internacionales que han acompañado al pueblo de El Salvador en esta lucha”, señaló Parada.
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