SANTO DOMINGO. La resolución 13-2015 del Ministerio de Medio Ambiente, la cual prohíbe temporalmente el trasiego de madera de las zonas boscosas del país,
además de tener el rechazo de la Junta Agroempresarial (JAD), de la Asociación de Industrias (AIRD) y de la Asociación de Zonas Francas (Adozona), entidades que piden su revisión, también es rechazada por la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y por la Cámara Forestal Dominicana.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la UASD, Luis Carvajal, consideró que la medida que tomó el Ministerio es irracional, porque lo que puede estar bien hecho no se debe prohibir.
“O sea el plan de manejo es un instrumento creado por la Ley que si se aplica de manera correcta debe responder a las que son plantaciones económicas”, dijo Carvajal.
Sin embargo, el también profesor de la UASD manifestó que es verdad que hay un gran desorden en ese sentido porque: “Primero la mayoría de los permisos son administrativos otorgados por el Ministerio; segundo, porque han tomado los permisos tanto para agregados como para permisos madereros, como forma de distribuir favores políticos y capitalizar a gente que está en campaña; y tercero, porque algunas de las personas que tienen planes de manejo reales no han cumplido con los niveles de siembra y han desbordado el volumen real de madera que deben procesar”.
En tanto que la AIRD y la Adozona pidieron la revisión de la resolución 13-2015 para que se excluya del alcance de la misma los casos de cortes de árboles provenientes de fincas agroforestales certificadas.
En un comunicado hecho público ayer, la Adozona y la AIRD externaron su preocupación por la Resolución 13-2015 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que, entre otras disposiciones, se prohíbe temporalmente el corte y trasiego de madera procedente de la zona boscosa del país.
Así también, el presidente de la Cámara Forestal Dominicana, José Rafael De Moya, manifestó que la medida de Medio Ambiente está afectando a todos los productores de madera, entre los cuales se encuentran personas que reconvirtieron sus fincas de ganadería y de agricultura en forestales.
“Ellos dejaron de hacer actividades agrícolas, en las que no tenían ninguna regulación y las cambiaron para uso forestal, o sea invirtiendo en plantaciones, pero además teniendo que esperar plazos largos para su aprovechamiento”, precisó De Moya.
“Nosotros le pedimos al gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente que vuelva a la normalidad los procesos de aprovechamientos de plantaciones y planes de manejo que están supervisados por Medio Ambiente”, dijo.
Además, De Moya recordó que las fincas forestales producen entre el 20 y el 25% de la madera que se comercializa en comercializa en el país.
Manifestó que gracias a las fincas madereras, los productores nacionales evitan la importación de alrededor de US$60 millones en producto forestales. Pero ahora ese proceso está prácticamente detenido, y esa es una actividad seria que involucra a más de 12,000 familias en todo el territorio.
Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, declaró durante una rueda de prensa que la prohibición de Medio Ambiente afecta la inversión privada, porque en el país existen fincas sembradas con propósitos comerciales para el corte de madera y que están debidamente reguladas por la ley.
Además, el dirigente empresarial agregó que otros de los sectores que resultan afectados con la decisión de Medio Ambiente son las que han cambiado su matriz de generación de energía de combustibles fósiles a biomasa, entre los cuales mencionó a hoteles e industrias, por lo que entiende que es necesario sea revisada la resolución 13-2015 como respuesta a la sequía que ha estado afectando el país.
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