Según fuentes cercanas al caso, citadas por la
cadena MSNBC, la acusación se dará a conocer el lunes, cuando el
procurador comparezca en una corte del condado de Collin para responder
por supuestas actividades fraudulentas que perpetró cuando formaba parte
de la Cámara de Representantes de Texas.
Paxton, elegido el pasado noviembre como fiscal
general, ha alcanzado relevancia nacional por liderar la demanda de 26
estados, la mayoría de ellos republicanos, contra las medidas
migratorias destinadas a regularizar a cinco millones de indocumentados
que el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció hace nueve meses.
El diario The New York Times informó el sábado de
que, el pasado martes, un gran jurado de la zona residencial de
McKinney, en el norte de Dallas (Texas), había presentado formalmente
cargos contra Paxton por haber actuado como agente intermediario en
operaciones financieras a cambio de comisiones, sin la licencia
requerida para ello, al solicitar inversiones para dos empresas.
Según Kent A. Schaffer, uno de los fiscales del
caso, citado por el rotativo neoyorquino, Paxton está acusado de engañar
a los inversores de una empresa de tecnología, Servergy Inc., basada en
McKinney, su ciudad natal, y dedicada a desarrollar servidores de bases
de datos y aplicaciones para ordenadores.
La acusación sostiene que, en 2011, el entonces
legislador alentó a una serie de inversores a poner más de 600.000
dólares en Servergy Inc. y no les informó de que iba a llevarse una
comisión por la inversión al presentarse como un inversor de la
compañía, recoge The New York Times.
Según el diario, el grupo de inversionistas estaba
compuesto por amigos de Paxton y uno de sus compañeros en la Cámara
baja estatal, el republicano y hombre de negocios Byron Cook.
Los medios destacan que, sobre el procurador, pesa
un cargo por no haber declarado su actividad como intermediario de
operaciones financieras y otros dos cargos por fraude en primer grado,
que según la legislación de Texas podrían valerle desde la cadena
perpetua hasta una condena de entre 5 y 99 años de cárcel.
Paxton, uno de los preferidos del grupo de extrema
derecha Tea Party en Texas, también es conocido a nivel federal por
haber vetado la emisión de licencias para los matrimonios de personas
del mismo sexo pese a la decisión del Tribunal Supremo, que en junio
legalizó este tipo de uniones en todo el país.
Cuando se anuncien oficialmente los cargos el
lunes, se esclarecerán las dudas sobre si el enjuiciamiento del fiscal
podría afectar su papel en la batalla abierta por el alivio migratorio,
que suspendió de manera temporal un juez federal de Texas el pasado 16
de febrero.
Los posibles beneficiarios de las medidas
migratorias están a la espera de que se pronuncien los magistrados del
Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, uno de
los más conservadores del país.
Si los magistrados mantienen la suspensión, como
auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal, el
caso saltará al Tribunal Supremo, que no escuchará argumentos hasta la
próxima primavera y no emitirá sus fallos hasta el verano, en plena
campaña para las elecciones presidenciales. EFE
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