República Dominicana desde sus orígenes como nación ha sufrido del “Complejo de Guacanagarix” y, por más que en todos y cada uno de los gobiernos ha intentado corregir hechos anteriores, surgen nuevos que al final develan debilidades institucionales y la falta de una penalidad sancionatoria sobre hechos considerados dolosos, en muchos casos.
¿Cuál es la semejanza? En el país, en el aspecto gubernamental permaneció por mucho tiempo el llamado complejo. Guaganagarix fue un importante cacique gobernante, engañado por los españoles conquistadores de la isla en la época de la conquista en 1492. Regaló oro a cambio de espejos a los españoles a la llegada de Cristóbal Colón a su cacicazgo Marién, zona que controlaba. Pero, su ignorancia no tuvo límites y hasta hoy permanece ese término registrado y reproducido en la sociedad que “tiende alfombra” y da ventajas al extranjero en detrimento del nativo.
A causa del mal cultural, del que todavía el país no se despega, hay varios casos en arbitraje internacional bajo la presión social o el “descubrimiento” de nuevos gobernantes que han logrado rescindirlos.
Tal es el caso del cacareado “peaje sombra” en la Autopista de Samaná, rescindido fruto de una negociación que, según el actual presidente Luis Abinader, el Estado dominicano pagará US$410 millones por los US$1,900 millones en el tiempo que restaba para la culminación del convenio de cuatro años y cuatro meses.
Abinader dijo el pasado jueves en la noche en una alocución a la nación que con esta negociación el país se ahorró US$1,500 millones. Además, se reducirá el costo de peaje en un 20% en el trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná.
La Autopista Juan Pablo II o Autopista del Nordeste fue inaugurada el 13 de diciembre de 2008. Comunica la ciudad de Santo Domingo con Samaná, de Sur a Norte.
En general, según archivos de publicaciones en este medio, el país había sido sometido a siete casos arbitrales en 2018, uno de US$300 millones por la empresa Lajún y otro de US$708 millones por alegados “costos extras” de la empresa constructora Odebrecht. El resto fue en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por empaquetado genérico de tabaco adoptada por Australia en su mercado.
Contratos cuestionados
Uno de los contratos que generó grandes controversias fue el de Gulf And Western, del Central Romana. Esos contratos negociados en los gobiernos reformistas del fenecido presidente Joaquín Balaguer fueron rescindidos en el mandato del también extinto Antonio Guzmán Fernández, que obligó a la compañía a devolver US$38 millones al Estado dominicano.
Odebrecht
En Nueva York, la empresa constructora Odebrecht sometió al país a la corte internacional por un supuesto “costo extra” por un monto de US$700 millones asumido en la construcción de la Central Terminal de Punta Catalina. El Estado logró un acuerdo.
Caso Lajún
El inversionista jamaiquino Michael Lee-Chin también había demandado al Estado dominicano por US$300 millones, alegando que los terrenos en los que por 10 años administró el vertedero de Duquesa los había adquirido, bajo la empresa Lajún Dominicana. Esa demanda fue considerada “un absurdo” por el entonces consultor jurídico del Poder Eecutivo, Flavio Darío Espinal.
Mexicana Ica Controba. En ese momento se generó un problema para el país, pese a que los recursos para la construcción de un acueducto en la Línea Noroeste fue con recursos del acuerdo petrolero con México. El país tiene en vigor un convenio petrolero con México y Venezuela que no avanzó con México, el llamado Acuerdo de San José.
Barrick Gold
El Gobierno dominicano logró un acuerdo sin ir a arbitraje. La controversia surgió luego que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmó un contrato con el Estado dominicano, tras adquirir las acciones de la Placer Dome en 2006, y que recibió múltiples cuestionamientos, especialmente en lo relativo al esquema fiscal que fue estructurado en el 2009 cuando bajó el precio del oro y consecuentemente la proporción porcentual con la que se quedaba el Estado dominicano.
En la administración del expresidente Danilo Medina se logró renegociar el convenio firmado en el Gobierno del expresidente Leonel Fernández sobre la base de una relación de 97 a 3, o sea, que de cada US$100 el país recibía US$3 y la Barrick se quedaba con US$97.
Medina informó al país que la Barrick Gold es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores prácticas medioambientales, pero “consideró inaceptable que de los US$1,753 millones de ingresos al año de exportación, el Gobierno dominicano recibiría US$56 millones. Precisó que de US$100 de ingresos de exportación de oro y otros metales, el país solo recibiría US$3.
Otros casos internos
En 1998, la compañía privada Hermanos Yarull emplazó a la minera Rosario y al Banco Central con llevarlos a un arbitraje por deudas de cubicaciones vencidas y terminación anticipada del contrato de minado. En el gobierno de Jorge Blanco, en 1982, las diferencias políticas con la facción política de Jacobo Majluta generó fuertes conflictos por el préstamo de US$150 millones para la construcción de la Presa Madrigal, con fuentesdel BID.
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