.png)
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presenta en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Coral 5G los testimonios, derivado de los interrogatorios, de 70 personas con los que dicen se probarán las acusaciones contra el entramado de militares arrestados en la operación Coral 5G y que es una parte de la operación Coral por la que están guardando prisión el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán.
Según el Ministerio Público, este “entramado criminal aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.
Los arrestados son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, así como del capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez. También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez y el mayor José Manuel Rosario Pirón. Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Ayer el juez de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, aplazó para el jueves 25, a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción.
Este pedido fue hecho por los abogados de los imputados, quienes solicitaron más tiempo para estudiar el expediente.
El magistrado Wilson Camacho, titular de la Pepca, explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio. Dijo que han presentado más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados por corrupción administrativa.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones (Rafael Núñez de Aza) para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaron cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimen- ticias, inteligencia, cuentas por cobrar, para mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
Además, adulteraron cuadres, para elaborar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y del Cestur.
Utilizaron a militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, debido a que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.
Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas mediante acciones delictivas.
“Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonarias operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles”, dice el expediente.
Asimismo la Pepca dice que los miembros de este entramado ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos “a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel”.
También que distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 % y el 90 % de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
“Utilizaron bienes incautados como propios. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
“Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darles apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano”, dice el expediente.
Según el Ministerio Público el cerebro financiero de esta operación era el coronel Rafael Núñez de Aza, pero, además de él, el general Adán Cáceres y Raúl Alejandro Girón fueron beneficiados, a través del esquema, estos nuevos imputados y para los cuales están pidiendo 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo.
“Todos estos imputados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes”, dice el expediente.
Al general Torres Robiou se le imputa por falta de correlación entre los ingresos de comunidad de bienes y propiedades adquiridos. Se le suma coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada.
Al general Julio Camilo de los Santos Viola, se le acusa de lucrarse de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, sustentado frau- dulentamente en distracción de los recursos públicos. Se desempeñó como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. De acuerdo con el expediente, solo en gastos de operaciones recibió durante el periodo 2014 hasta 2020 la suma de RD$737,509,49.00, aumentado así “sus patrimonios personales”.
El general Boanerges Reyes Batista fue comandante del primer Regimiento de la Guardia Presidencial de 2016 a 2020. En el expediente se le acusa de beneficiarse de los actos de corrupción cometidos por el entramado en perjuicio del Estado. Supuestamente manejó más de RD$59,000,000 de forma irregular, según la Pepca y que adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colina del Oeste, “utilizando el mismo modus operandi de los coimputados”.
El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores es acusado de beneficiarse considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado Coral 5G. El MP afirma que adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, supuestamente utilizando el mismo modus operandi de los coimputados.
Del coronel Carlos A. Lantigua Cruz se dice que manejó RD$304,961,595.00 por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cestur.
Es acusado de distraer fondos del Estado en provecho de la organización criminal, aumentar su patrimonio, “adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos ni sumados con los de su pareja”.
Al coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara se le acusa de aumentar considerablemente su patrimonio, adquiriendo inmuebles y vehículos que no podría justificar con los ingresos legales que puede demostrar, y sin haber adquirido financiamientos para estos.
El teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez es acusado de no lograr correlación entre sus ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades muebles e inmuebles adquiridos.
Supuestamente, es uno de los hombres de confianza y brazo operativo del imputado Cáceres Silvestre y tenía bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas de éste que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.
Del teniente coronel Kelman Santana Martínez la Pepca dice que su comportamiento financiero, los bienes adquiridos, así como su estilo de vida y el de su cónyuge Marioly Pérez Adames, no se justifican con sus ingresos, su salario era de 25,875 pesos y pudo adquirir varios apartamentos, creó empresas y posee varios vehículos.
El primero, el mayor José Manuel Rosario Pirón es identificado por la Pepca como la mano derecha del director financiero del Cestur y Cusep, Rafael Núñez de Aza y cuya función principal era lavar el dinero producto de la corrupción.
En tanto que César Félix Ramos Ovalle es acusado de tener una asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado dominicano. Además, señala que fue beneficiado con licitaciones para suplir tickets de combustibles, los cuales “nunca fueron entregados”.
A Ventura Pichardo se le acusa de desviar fondos de las raciones alimentarias destinadas para esa institución. Existía una asignación mensual de RD$1,000,000, dinero que fue distraído supuestamente por Ventura Pichardo y Roberto Acevedo.
Esmeralda Ortega Polanco (a) 550 era la gerente de la sucursal 550 del Banco de Reservas donde según el expediente se realizó más del 90 % de las transacciones y “evitaban los controles del sistema financiero”.
“La imputada era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza e incluso daba instrucciones en su nombre, hacía transferencias a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza”, afirma el Ministerio Público.
Hay otras personas mencionadas en el expediente, aunque no están bajo arresto, como el caso de la esposa del general Torres Robiou y exdirectora de Conani, Greybby María Cuello Coste de Torres.
Según el expediente a pocos días de designada como directora de Conani, Cuello envió una comunicación al Ministro Administrativo de la presidencia solicitando el nombramiento de Rafael Núñez de Aza como financiero; Roberto Acevedo Tejada, Administrativo José Javier Rosario Pimentel, Administrativo, y Rafael Arturo Vargas, en Compras y Contrataciones.
Fueron aceptados, pero luego se rechazó el nombramiento por ser militares y el Conani una entidad civil. Los mismos fueron designados como seguridad en las regionales, con los mismos salarios propuestos. Estos señores, solo en los meses de julio y agosto del 2020 recibieron viáticos por RD$307,200.00 según consta en el expediente del Ministerio Público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario