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Como parte de un nuevo programa de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía anunció meses atrás su plan de desarme nacional, que comprendía la iniciativa de entrega voluntaria de armas de fuego.
Sin embargo, existe otro componente igual de importante: el endurecimiento del acceso al arma misma.
Aunque esto no contempla la creación de requisitos más estrictos para la adquisición, según la directora de registro y control de porte y tenencia de armas de fuego, Dangela Ramírez Guzmán, sino hacer cumplir la ley que los rige.
Ramírez Guzmán explica que actualmente se están implementando las exigencias que exhibe la Ley 36-65 sobre el porte y tenencia de armas de fuego.
La funcionaria indicó que la aplicación a cabalidad de las reglas inició con la gestión del ministro de Interior y Policía Jesús “Chu” Vásquez, quien ordenó una investigación al departamento encargado de esta tarea, debido a los reportes de corrupción que había recibido.
Dicha intervención arrojó que existían múltiples violaciones protocolares en el proceso de adquisición de licencias, lo que resultó en la desvinculación de todos los empleados de la dirección de registro y control de porte y tenencia de armas.
Ramírez Guzmán afirmó que allí el expendio de licencias de armas se cumplía “medalaganariamente”, sin cumplir con los requisitos, por lo que ahora están lidiando con situaciones como recibir personas que han ido a renovar sus licencias, pero que no cumplen las guías de lugar para que estas sean renovadas.
En estos casos la institución procede a negar la renovación y revocar la licencia.
No obstante, admitió que esta medida puede que sea poco popular para algunos ciudadanos, pero aseguró que no todos están en condiciones para portar un arma debido al nivel de violencia que exhibe al país.
“Autorizar una persona a tener un arma de fuego es una cuestión muy seria porque nosotros estamos viendo diariamente hechos de violencia”, expresó.
Pero afirmó que esta es la mejor opción a largo plazo, a pesar de la posible resistencia a la que se enfrentaría, aseverando que mientras menos personas tengan armas, más segura será la sociedad.
Agregó además que precisamente son las armas de fuego parte del problema de violencia, asegurando que las estadísticas exponen que las naciones que tienen mayor facilidad para comprar armas, son los que padecen con mayor gravedad de ese problema.
“Nosotros tenemos que limitar el acceso a las armas, a las licencias, porque ya estadísticamente es una cuestión que no resiste discusión: las sociedades que tienen menor acceso a las armas, donde hay menos armas, son las más pacíficas y las que tienen menos incidencia de violencia”, aseveró Ramírez Guzmán.
¿Cuál es el proceso ahora?
La funcionaria explicó que se creó la fase de pre-aprobación, que está compuesta por una serie de pasos a agotar previo al proceso de aprobación de la licencia, sirviendo como una constancia para el ministerio que el solicitante esté en condiciones de manejar un arma de fuego.
“Se creó una fase en el procedimiento (de pre-aprobación), que no es más que el procedimiento antes de que usted compre un arma nueva, realice un traspaso, en incluso si usted va a renovar”, subrayó.
Entre los pasos está presentar pruebas de que la persona que solicita no depende de una sustancia que podría nulificar su autocontrol mientras manipula un arma, como drogas y otras sustancias controladas.
También está el demostrar si el solicitante sabe manejar un arma para evitar incidentes provocados por falta de conocimiento o manipulación, así como tener una razón que justifique la tenencia de una.
“La ley parte de que el hecho de que nosotros vivamos en sociedad no es una justificación para que usted tenga que portar un arma, usted tiene que justificar estar en una situación extraordinaria para usted tener la necesidad para portar el arma”, acotó Ramírez Guzmán.
Por otro lado está la investigación para constatar que quien requiera la licencia no tenga antecedentes penales, orden de alejamientos o fichas policiales, poniendo como ejemplo el hipotético escenario de que el solicitante tenga en su historial de conducta casos de violencia de género, lo que lo haría inelegible para tener una licencia.
Igualmente está la certificación emitida por un psiquiatra o psicólogo acreditado por Interior y Policía, que confirme que está mentalmente en condiciones para el porte y tenencia de armas de fuego.
Esto se debe llevar a cabo en un plazo no mayor a 2 días calendario, luego de haber realizado una prueba antidoping y alcohol en un laboratorio aprobado por la institución.
Asimismo, dijo que el permiso tampoco será para poder portar cualquier arma, expresando que algo como una metralleta no debe estar en manos de un civil, sino en las de un miembro de una de las instituciones castrenses.
Una vez completada la fase de autorización es que Interior y Policía da el permiso de comprar un arma, a la que se le debe realizar una prueba balística en el Laboratorio Balístico y Biométrico (LABBS) del Sistema Nacional de Armas (SISNA).
Ya agotados estos pasos es que la institución emitirá la licencia.
Costo
El costo de todo el proceso varía dependiendo si es la primera vez que hace el proceso.
Entre los gastos registrados en la página web del Ministerio de Interior y Policía están las de pruebas balística y biométrica, que tienen un precio de RD$4,620 si se realiza la primera vez (RD$3,267 en otras ocasiones), según datos de la página web del Ministerio de Interior y Policía.
En el referido portal también figura que el “Manual de Instructivo Arma de Fuego” tiene un valor de RD$100, mientras que la renovación de licencia para tenencia es de RD$5,045 y para renovar la licencia para porte son RD$805.
No es un derecho
Contrario a otros países, como Estados Unidos, portar un arma no es un derecho constitucional en República Dominicana, dijo el viceministro de Control de Armas de Fuego y Municiones, Víctor Castro.
De hecho, Ramírez Guzmán aseveró que dentro de la ley que regula el control de armas estipula la autorización previa para portar armas, porque se debe demostrar una razón para tenerla.
Ilegales
Este esfuerzo de desarme nacional se hace bajo un contexto complicado para las autoridades, debido a la gran cantidad de armas ilegales que existen en el país.
A finales del pasado mes de febrero, el titular de Interior y Policía Chu Vásquez dijo que en ese ministerio hay registradas unas 238,000 armas de fuego, pero solamente 50,000 personas en promedio son las que renuevan sus licencias cada año.
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