El dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles anunció ayer que fue inhabilitado por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años, una decisión que amenaza con incrementar las tensiones entre la oposición y el gobierno.
Capriles, gobernador de Miranda y uno de los más acérrimos críticos del presidente Nicolás Maduro, informó en su cuenta de Twitter de la prohibición, que se dio a raíz de un proceso administrativo que le abrieron por presuntas irregularidades en su estado.
"Se me está notificando en este momento de una INHABILITACION por 15 años", señaló sin ofrecer más detalles. El dirigente indicó que este proceso forma parte de un "autogolpe" que aseguró está impulsando Maduro.
La prohibición contra Capriles, uno de los más acérrimos críticos de la administración del presidente Nicolás Maduro, ocurre en momentos en que la oposición realiza constantes manifestaciones contra las autoridades luego de un fallo -ya revertido- del Tribunal Supremo para asumir las funciones del Congreso.
Varias de las protestas han sido reprimidas por policías y guardias nacionales, que además de detenidos y heridos, ya dejó un muerto: el universitario Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, quien falleció luego de recibir un disparo durante una protesta nocturna en el municipio central de Carrizal.
Capriles, quien ha liderado las protestas, llegó en 2008 a la gobernación del estado central de Miranda y fue reelecto en 2012. "Llegamos con el voto del pueblo y sólo el pueblo decide", comentó.
La decisión de la Contraloría General, señalada de estar vinculada al gobierno, afecta a uno de los líderes clave de la oposición, lo cual para analistas puede recrudecer las tensiones.
El analista político John Magdaleno dijo a The Associated Press que esta sanción lo saca de la competencia política.
"Se está sacando del juego a uno de los candidatos más competitivos de la oposición", dijo y consideró que este escenario forzará a la coalición opositora a plantearse una nueva respuesta estratégica sobre sus eventuales candidatos para una contienda electoral.
Sobre el impacto que podría tener en el país, el analista indicó que "se van a recrudecer las tensiones" y agregó que la sanción se convertirá en una "motivación adicional" para las movilizaciones de la oposición.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló al gobierno de Maduro de utilizar "sucias trampas" para sacar del juego democrático a sus adversarios políticos.
"Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía. Venezuela sufre una dictadura", dijo Vivanco en un mensaje electrónico.
Capriles impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Maduro, que fue suspendido por decisión de las autoridades judiciales y electorales.
La Contraloría General, que tiene a su cargo el control y revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la decisión.
Capriles, de 44 años, fue candidato de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2012 en las que resultó ganador el fallecido Hugo Chávez. Al año siguiente se enfrentó a Maduro en unos comicios que perdió por un margen estrecho.
El mandatario venezolano suele referirse a Capriles con frecuencia y lo acusa de haber abandonado a los habitantes del estado de Miranda para dedicarse a sus actividades políticas.
La sanción contra el opositor se da luego de que la Contraloría General declarara a inicios de año la responsabilidad administrativa de Capriles y otros ocho funcionarios de la gobernación de Miranda por presuntas operaciones indebidas. Como parte del proceso el organismo le impuso a Capriles y los otros funcionarios multas de 43.000 bolívares (unos 60 dólares).
Los funcionarios fueron procesados por seis casos que incluían una reconducción del presupuesto de 2011, donaciones que recibieron de Polonia y Gran Bretaña, un contrato para un mensaje publicitario que suscribió con una televisora local y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la gobernación.
Capriles descartó que hubiesen implicado un "daño patrimonial" al Estado venezolano, como sostenían las autoridades, y sostuvo que las acciones de la Contraloría General buscaban su inhabilitación política.
Es el tercer dirigente de la oposición que es inhabilitado políticamente. En 2004 la Contraloría General impuso una inhabilitación de casi 10 años al dirigente encarcelado Leopoldo López y recientemente inhabilitó por 15 años al exalcalde del municipio central de San Diego, Enzo Scarano.
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