ISLMABAD.- Pakistán puso hoy fin al uso de tribunales militares para casos de terrorismo tras expirar la enmienda constitucional que hace dos años permitió su creación tras un atentado talibán que acabó con la vida de 125 niños, una medida muy criticada por grupos de derechos humanos.
Sin comentarios de las autoridades militares ni civiles sobre el fin de esta medida excepcional, los tribunales militares dejan hoy de dictaminar sobre casos de terrorismo, tras emitir desde enero de 2015 un total de 274 sentencias, 161 de ellas a muerte, en juicios a puerta cerrada y sin presencia de la prensa.
Doce de los 161 condenados a muerte en estos tribunales han sido ejecutados.
"Los tribunales militares llegan a su fin hoy y los casos que enjuiciaban serán trasladados a tribunales antiterroristas", confirmó telefónicamente a Efe el fiscal general del Estado, Ashtar Ausaf Ali.
Una fuente militar que prefirió mantener el anonimato indicó a Efe que "los tribunales seguirán la dirección constitucional".
El 6 de enero de 2015, el Parlamento paquistaní aprobó la XXI Enmienda Constitucional y la Ley del Ejército de Pakistán 2015 que establecía la creación por dos años de tribunales militares especiales para juzgar a personas que pertenecieran o de los que se sospechara pertenencia a grupos terroristas u organizaciones que invocaran la religión para llevar a cabo ataques.
El establecimiento de la jurisdicción de estas cortes para delitos de terrorismo fue una de las medidas tomadas por el Ejecutivo después del ataque talibán contra una escuela que en diciembre de 2014 acabó con la vida de 125 estudiantes en la ciudad de Peshawar, en las áreas tribales del noroeste del país.
Al día siguiente del brutal ataque, el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó además la moratoria que pesaba sobre la aplicación de la pena de muerte para los casos de terrorismo, una decisión que amplió al resto de delitos tres meses después.
La oficina de comunicación del Ejército (ISPR, en inglés) ha venido informando en comunicados de unas 130 sentencias dando nombres y apellidos de los condenados, y los delitos por los que han sido sentenciados, la mayoría de ellos a pena de muerte.
Una gran parte de ellos reconoció sus crímenes, según los comunicados militares.
El número total de sentencias fue facilitado por el ISPR en las redes sociales el pasado 31 de diciembre por la noche, sin especificar la identidad del resto de condenados ni los delitos por los que fueron condenados.
Pese a las criticas de activistas y organizaciones de derechos humanos, el Tribunal Supremo paquistaní avaló su legalidad en una apelación del Colegio de Abogados del máximo organismo judicial del país en agosto de 2015.
Un año más tarde, el Supremo validó las sentencias a muerte en apelaciones presentadas por 16 condenados en las que afirmaron que no habían tenido una defensa de su elección y que sus confesiones fueron obtenidas de forma ilegal, incluso con torturas.
"Se siguieron todos los procedimientos jurídicos en los juicios militares", sentenció entonces el tribunal, que consideró que los acusados sí tuvieron una defensa de su elección y hubo pruebas suficientes para condenarlos.
La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, siglas en inglés) denunció en un informe difundido el 15 de diciembre pasado que los juicios de civiles en tribunales militares eran "incompatibles con la Constitución de Pakistán y las obligaciones del país con las leyes de derechos humanos internacionales".
Para la ICJ, estos tribunales no eran independientes ya que sus jueces eran oficiales del Ejército sin independencia de jerarquía y a los que no se exigía formación legal para ejercer.
Además, no era posible apelar sus fallos en cortes civiles y los juicios se realizaron a puerta cerrada y sin publicidad de las sentencias.
La presidenta de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Zohra Yusuf, celebró el fin de los tribunales militares y que el Gobierno no haya extendido sus competencias judiciales.
"Estas cortes no cumplían con las exigencias básicas de un juicio justo. Todo el proceso carecía de transparencia", indicó a Efe la activista, al recordar que "los abogados no tenían acceso a las pruebas contra sus clientes, por ejemplo".
Yusuf afirmó que las familias de algunos de los condenados a muerte se enteraron por la prensa de sus sentencias, ya que no habían sido informados por las autoridades militares de sus detenciones ni de que estaban siendo juzgados.
POR EFE
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