SANTO DOMINGO. La segunda etapa del proceso investigativo que lleva la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht no solo está en la mira por si se producen arrestos sino también por si serán interrogados Reinaldo Pared y Julio César Valentín Jiminián.
El procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, anunció que concluyeron los interrogatorios a exfuncionarios y la toma de declaraciones de actuales autoridades de las instituciones gubernamentales que sostuvieron contratos con la constructora que admitió haber pagado US$92 millones del 2001 al 2012 para que se le adjudiquen obras públicas.
Sin embargo, el actual presidente del Senado de la República, Pared Pérez, y expresidente de la Cámara de Diputados, Valentín Jiminián, quienes estuvieron al frente del Congreso Nacional cuando se aprobaron varios contratos de servicios a Constructora brasileña (2006-2014 y 2016-2020) y (2010-2016), ni siquiera fueron mencionados como posibles interrogados.
Otra situación que podría cambiar el rumbo de la investigación tras Odebrecht comprometerse a devolver US$184 millones al Estado, es el acuerdo de indulgencia suscrito entre los representantes judiciales de la empresa y el grupo de trabajo de la Operación Lava Jato.
En él se establece que durante seis meses, los documentos en poder del Ministerio Público Federal de Brasil, que contienen los crímenes confesados por la empresa contratista en relación con los funcionarios públicos extranjeros “no puedan ser enviados” a sus respectivos países.
República Dominicana es uno de los 37 Estados que firmó con Brasil un acuerdo de cooperación jurídica internacional en el caso y mediante el cual se solicitó información y nombre de las personas que recibieron el soborno a cambio de adjudicar obras a la multinacional.
La Cláusula 19 del acuerdo de indulgencia estipula la regla para el intercambio de datos, la información, testimonios y pruebas, con las autoridades de otros países.
“Cláusula 19. El MPF se compromete a mantener el secreto por un período de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo, los anexos relativos a las malas prácticas que involucran directamente a funcionarios públicos extranjeros”, se lee en el documento escrito en portugués.
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