Al cierre de su 72ava Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó ayer las intenciones del Congreso de República Dominicana de crear nuevas legislaciones que afectan la libertad de prensa, tras catalogarlas de preocupantes porque representan un retraso a las conquistas logradas en ese país democrático.
El organismo internacional fijó posición ayer al presentar sus consideraciones de los informes sobre libertad de prensa que recibió de los distintos países miembros, muchos de los cuales contenían denuncias de la existencia de serios sistemas de censura a través de la duplicidad de legislaciones.
Al leer el informe de República Dominicana, el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Miguel Franjul, dio a conocer la situación de confusión que ha generado la propuesta de dos proyectos de ley sobre medios de comunicación, de parte de los legisladores.
Advirtió que uno de los proyectos legislativos contraviene la sentencia del Tribunal Constitucional que despenalizó los llamados delitos de prensa y eliminó el efecto de cascada contenido en la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, bajo el cual la responsabilidad penal de toda difamación e injuria recaía en el director del medio.
El alerta consiguió el respaldo de la plenaria de la SIP, por considerar contraproducente que se legisle en perjuicio del libre ejercicio periodístico, cuando lo que se espera es que cada vez más se abran los canales de la comunicación democrática.
En las conclusiones de la presente Asamblea, la SIP se pronunció de la siguiente manera: “Un signo preocupante es que persisten los esfuerzos legislativos en presentar proyectos de ley que atentan contra la libertad de expresión, como es el caso de República Dominicana”.
También hizo hincapié en que persisten las intenciones de apagar la llama de la libertad de prensa en América Latina: “Se observa en estos años un aumento de la interferencia con el trabajo periodístico al obligar a los reporteros a participar como testigos en muchos procesos judiciales y, en algunos casos, forzarlos a que revelen sus fuentes”.
En ese contexto se pronunció en contra de que en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, los periodistas hayan sido sometidos al peligro de revelar las fuentes, mientras que en Chile, Ecuador, Panamá y Trinidad & Tobago la máxima autoridad del gobierno se haya inmiscuido en las tareas periodísticas determinando cuáles temas pueden ser noticias y cuáles no.
Por otro lado, resaltó como negativo en el proceso de respeto a la libertad de expresión el hecho de que en Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia la publicidad oficial o estatal se utilice para premiar o castigar a medios, según el perfil de las informaciones que publiquen.
Ataques cibernéticos
Otro elemento resaltante del pronunciamiento de la SIP como organismo defensor de las libertades públicas que corresponden a la prensa, fue la revelación de que nuevas amenazas pretenden acorralar el ejercicio profesional de la comunicación a través de los ataques cibernéticos.
Al respecto alerto que: “Los ataques cibernéticos en contra de algunos medios han adquirido un carácter alarmante, sea mediante hacking o la creación de cuentas falsas en las redes sociales , o mediante la creación de páginas apócrifas, exponiendo a los medios a nuevas formas de obstrucción de su trabajo”.
En ese tenor señaló que los medios de comunicación deben prepararse para enfrentar estos ataques que constituyen nuevos desafíos junto con los tradicionales obstáculos que tienen que combatir, y defenderse como bloque.
Para contrarrestar esta situación ya se han dado algunos pasos, se anunció en el evento, tales como el lanzamiento de la iniciativa Proyectos Shield (Proyecto Escudo), que utiliza la tecnología y la infraestructura de Google para proteger los sitios de noticias de los ataques cibernéticos que buscan impedir la difusión de determinadas informaciones.
Otras nuevas amenazas a la libertad de prensa y formas de censura citadas son las intenciones de tribunales europeos de introducir legislaciones que establezcan el llamado “Derecho al olvido” o perdón de represiones contra periodistas, citando que ya se han presentado casos emblemáticos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá.
Finalmente se condena el hecho de que 12 periodistas hayan sido asesinados desde abril del presente año a la fecha y otros hayan sido víctimas de agresiones físicas y amenazas, dejando claro que existe escasa protección a la labor periodística y un alto grado de impunidad.
Igualmente, se repudio la actitud despótica asumida por Cuba ante la aparición de medios de comunicación independientes, así como el que se haya agravado la inseguridad para los periodistas con detenciones arbitrarias y amenazas al ejercicio.
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