Más de 45 personas fueron acusadas por el Ministerio Público en estos casos, sin embargo, solo uno de los principales encartados irá a prisión tras ser condenado a siete años de prisión por soborno, lavado de activos, asociación de malhechores, desfalco y complicidad contra el Estado. Este es, el empresario, Alexis Medina Sánchez.
¿POR QUÉ NADIE MÁS FUE CONDENADO A IR A PRISIÓN?
El juicio que concluyó más reciente fue el que encabezaba Alexis Medina como principal acusado, y otras 20 personas de corrupción administrativa.
El caso, conocido en ese momento como “Antipulpo”, inició en noviembre del año 2020, donde tras una serie de intervenciones e incautaciones, el Ministerio Público acusó a 27 personas físicas y 21 compañías, de beneficiarse con cerca de cuatro mil millones de pesos mediante una red de corrupción y lavado de activos.
Junto a Medina, fueron señalados funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, como Francisco Pagán, exdirector de Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) quien negoció con las autoridades; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén, excontralor general de la República.
10 días después, el juez José Alejandro Vargas ordenó el envío a prisión preventiva a Medina y otros seis imputados, mientras que tres recibieron el arresto domiciliario. Lo que serían tres meses de prisión preventiva, para Alexis Medina y Fernando Rosa se postergaron a 21 meses, hasta que en septiembre de 2022 le fue variada por prisión domiciliaria.
La acusación de este caso contó con 3,473 páginas, con 127 sesiones y más de cuatro años para que los encartados recibieran la sentencia.
Ocho personas, incluyendo Medina, fueron encontradas culpables, no obstante, 13 fueron absueltas ante la falta de pruebas.
José Dolores Santana Carmona, encontrado culpable de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Condenado a 6 Años de prisión en Najayo Hombres; Paola Mercedes Molina Suazo fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos; Wacal Bernabé Méndez Pineda, fue sentenciado a cinco años de prisión por soborno, lavado de activos; Carlos Martín Montes de Oca fue encontrado culpable lavado de activos, y se le impuso condena de 5 años de prisión; Rigoberto Alcántara Batista fue declarado culpable por lavado de activos y condenado a cinco años de prisión; Francisco Ramón Brea Morel fue condenado 5 años de prisión por soborno, y Víctor Matías Encarnación Montero (ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), fue encontrado culpable de soborno y lavado de activo, pero fue condenado a 5 años de prisión suspendida tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.
No obstante, el órgano acusador no pudo probar ante el tribunal la culpabilidad de los exfuncionarios que acusó de asociación de malhechores, lavado de activos y otros delitos.
Quedaron absueltos: Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Fernando Rosa, exadministrador del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Carmen Magaly Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oisoe. También fueron absueltos otras personas acusadas de ser testaferros y lavado de activos.
El caso Super Tucano se dio a conocer en el año 2016 mediante un reportaje del periódico The Wall Street Journal, el cual reveló que Elio Moti Sonnenfeld, consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A., admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos, a un funcionario dominicano para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares.
Estos aviones habían sido adquiridos en 2008, durante el gobierno de Leonel Fernández, mediante un proyecto de compra que fue sometido al Congreso Nacional.
Tras darse a conocer la noticia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezaba Francisco Domínguez Brito, inició la investigación a esta compra.
En 2017, bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra seis personas y tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Los acusados fueron el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
José Alejandro Vargas, quien en ese entonces era el juez de Atención Permanente del Dsitrito Nacional, impuso impedimento de salida y presentación periódica al mayor general Pedro Rafael Peña; dispuso colocación de brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida a los empresarios Daniel Aquino Méndez, y su hijo, Daniel Aquino Hernández.
Pero, solo uno fue a prisión de manera preventiva, Piccini Núñez, fue enviado al Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres. Casi tres años después le fue variada la medida por presentación periódica y una fianza.
Durante la investigación, el Pepca dijo que tras profundizar en las referencias de exfuncionarios, legisladores y políticos “las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas”.
Mientras que la empresa Embraer admitió la entrega de sobornos, y fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
En tanto que, en marzo de 2021, el tribunal dictó auto de no ha lugar a juicio a los imputados Del Orbe Berroa y Abreu Rosario, y Aquino Méndez fue descargado.
Solo fueron enviados a juicio de fondo, el coronel Piccini Núñez, el mayor general Pedro Rafael Peña y el empresario, Daniel Aquino Hernández.
Para estos tres, el Ministerio Público pidió en 2022, 10 años de prisión y el pago de una multa de US$7 millones; este mismo pedimento fue hecho para las empresas 4D Business Group y Magycor.
Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por as juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, descargaron por insuficiencia de pruebas a Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y al Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea.
Además, el tribunal absolvió al empresario Daniel Aquino Hernández, y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor.
El tribunal basó su decisión al determinar que no se pudo demostrar el pago de coimas contra los imputados, y concluyó que la responsabilidad penal de los encartados no quedó comprometida en los hechos que fueron preentados.
Finalmente, el Ministerio Público apeló esta decisión, y en junio de 2023 la primersa sala pena de la corte de apelcación revocó la sentencia que descagó a los imputados, y ordenó que el juicio volviera a iniciar desde cero.
Otro escándalo que salpicó a exministros, políticos, empresarios, pero concluyó con cero personas tras las rejas, fue Odebrecht. Este caso tuvo un impacto judicial, político y social, dando como resultado movilizaciones en contra de la corrupción y la impunidad.
El inicio de este hecho fue en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
República Dominicana figuraba como uno de los países que recibió sobornos por 92 millones de dólares entre los años 2001 y 2014.
Días después, la Procuraduría General de la República abrió un proceso de investigación y a finales de diciembre, se realizaron allanamientos e interrogatorios a más de 25 personas. Empero, solo 14 fueron acusadas y llevadas ante la justicia.
El 19 de enero de 2017, la Procuraduría allanó las instalaciones de Odebrecht en el país, donde incautaron cerca de 20 cajas con documentos probatorios. Dos días después, el procurador Jean Alain Rodríguez anunció que la empresa se había comprometido en pagarle al país 184 millones de dólares.
A pesar del acuerdo, el proceso judicial del caso no se detuvo, y continuaron las investigaciones, y el proceso judicial.
Las primeras audiencias para el conocimiento de medida de coerción fueron extensas, con recesos y aplazamientos.
Hasta que un juez especial de la Suprema Corte de Justica, dictó nueve meses de prisión preventiva a Víctor Díaz Rúa, empresario del sector construcción y exministro de Obras Públicas (2007-2012), y al abogado Conrado Pittaluga; César Sanchez, exaministrador de la CDEE, y Máximo D’ Óleo, exadministrador de Egehid fueron enviados por tres meses a Najayo Hombres.
Andrés Bautista, expresidente del Senado, Temístocles Montás, exministro de Economía y Ruddy Gonzáles, exdiputado fueron enviados a la cárcel por seis meses; a Radhamés Segura, vicepresidente de la CDEE y Roberto Rodríguez, exdirector de Inapa, le impusieron nueve meses de arresto domiciliario.
Ángel Rondón, representante de Odebrecht, fue enviado a La Victoria por un año, como medida de coerción.
Y a los exlegisladores Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Meses después, los acusados obtuvieron su libertad luego de que un juez le variara la medida de coerción por garantías económicas e impedimentos de salida.
FUERA DEL CASO JUDICIAL
En junio de 2018, la Procuraduría que dirigía Jean Alain archivó los expedientes de ocho de los 14 encartados en el caso Odebrecht, beneficiando a estos con la exclusión del proceso judicial.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados. Solo seis fueron enviados a juicio.
La explicación que dio Jean Alain fue no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a los referidos implicados.
De igual forma, el exministro de Interior y Policía, Jesús ‘Chu’ Vásquez fue agregado al proceso judicial, tras ser acusado de supuestamente haber recibido cheques por RD$2,169,000 en nombre de la pareja y un hijo suyo de la empresa Arma, propiedad de Ángel Rondón Rijo. Empero, fue descargado en 2019.
LO QUE PIDIÓ EL MP
El organo acusador pidió al tribunal condenar a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa con 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión. También solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
El 14 de diciembre de 2021, de los seis que fueron a juicio, solo dos fueron condenados: Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
A pesar de haber sido condenados, ninguno fue a la cárcel, pues la juezas consideraron que no había peligro de fuga, por lo que quedaron en libertad condicional. Aunque les fueron incautados sus bienes.
APELARON Y GANARON
El veredicto no quedó ahí, ambos presentaron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, la cual el pasado agosto de 2024 mediante la sentencia SCJ-SS-24-0969 los absolvió. La sentencia también ordenó que les fueran devueltos todos los bienes incautados.
¿POR QUÉ QUEDARON LIBRES?
El descargo fue fundamentado en la falta de pruebas concretas, la ausencia de un delito precedente y la interpretación de la ley.
El tribunal señaló que no se logró identificar a los funcionarios específicos que habrían recibido sobornos, lo cual es crucial para probar el delito de soborno. Asimismo, concluyó que no había pruebas claras y contundentes que demostraran que los acusados habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
De esa forma, el caso Odebrecht concluyó en República Dominicana sin que una sola persona de las que fueron acusadas, llegaran a ser condenadas.
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