El canciller haitiano, Lener Renauld, y el
embajador de República Dominicana ante la OEA, Pedro Vergés, mantuvieron
un crispado intercambio de posiciones ante el Consejo Permanente del
organismo, que celebró este día su segunda sesión especial sobre este
conflicto.
Renauld pidió a la comunidad internacional que
intervenga en esta crisis para evitar una "catástrofe humanitaria" que
podría constituir una "amenaza para la seguridad nacional" y
"desestabilizar" el país caribeño en año electoral.
"Solicitamos la intervención solidaria de todos
los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del
Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA
para hacer que la República Dominicana entre en razón y dé un trato más
humano a los inmigrantes haitianos", afirmó el canciller.
La reacción de República Dominicana a esta
petición fue tajante: "Rechazamos todo intento de obstaculizar el
ejercicio de la soberanía de nuestro país y su capacidad de autonomía
como nación. Ningún país negocia con otro los términos de su política
migratoria", dijo Vergés.
"Demandar una amnistía para mantener a todos los
extranjeros es algo que nadie puede pedirnos, ningún Estado de los que
están aquí sentados en este foro haría tal cosa", añadió.
No obstante, el Gobierno dominicano aceptó
"inmediatamente" la misión de la OEA, que comenzará este viernes en
Santo Domingo (República Dominicana) y concluirá el martes en Puerto
Príncipe (Haití).
"Saludamos la misión de la OEA, que vengan una,
dos o tres veces. Pero lo que pedimos es que sea una comisión
absolutamente imparcial, porque aquí hay países que se han manifestado
radicalmente en contra de República Dominicana y a favor de Haití.
Esperamos que ninguno de esos forme parte de la comisión", dijo el
embajador dominicano.
Durante el Consejo Permanente de este miércoles,
varias naciones del Caricom expresaron su apoyo a Haití y denunciaron
la política migratoria de la República Dominicana, como habían hecho
antes en otros foros.
Las históricas tensas relaciones entre los dos
países, que comparten la isla caribeña La Española, sufrieron una
sacudida en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano negó la
nacionalidad a los descendientes de indocumentados nacidos en su
territorio, la mayoría de ellos haitianos.
Tras la condena internacional que suscitó esa
sentencia, el Gobierno dominicano lanzó el Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio
y al que se acogieron unas 288.000 personas.
Según las cifras aportadas por Vergés, “ese plan
ha resuelto la situación de documentación como dominicanos a más de
55.000 personas y sus descendientes", al tiempo que permitirá que casi
9.000 hijos de padres extranjeros se naturalicen en menos de dos años.
Ese plan migratorio ha suscitado críticas a nivel
internacional, tanto de gobiernos como de entidades de derechos humanos,
que temen que decenas de miles de personas de origen haitiano que
nacieron en República Dominicana se queden apátridas al no reconocerlos
ninguno de los dos países.
"Se inscribieron más de 288.000 personas, en su
mayoría nacionales haitianos. Como era de esperarse ante el
incumplimiento de Haití, apenas una tercera parte posee pasaporte
(96.000 personas)", dijo hoy Vergés.
El objetivo de la misión, según explicó Almagro,
es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población
haitiana para facilitar "una solución duradera que regularice el estatus
de los inmigrantes".
Para abordar la crisis, la OEA enviará una misión
encabezada por el secretario de Asuntos Políticos, Francisco Guerrero,
al que acompañará Gabriel Bidegain, asesor del secretario general, Luis
Almagro.
República Dominicana acusa a Haití de no
documentar a sus ciudadanos a pesar de que el requisito clave para la
regularización era tener un documento de identidad oficial del país de
origen.
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