A mediados de marzo, mientras el coronavirus causaba muertes en Nueva York, el estado de Washington, California y Nueva Jersey y crecía la crisis por la escasez de equipos personales de protección, Dov Charney de Los Angeles Apparel fue uno de los primeros minoristas de ropa en dar un paso al vacío.
Al reabrir su fábrica en Los Ángeles para producir cubrebocas, Charney, el exdirector ejecutivo de American Apparel que fue destituido en medio de acusaciones de malversación de fondos y quien, a pesar de tener conocimiento, permitió situaciones de acoso sexual, pasó de ser una persona rechazada a ser visto como un héroe.
Los Angeles Apparel, su nueva compañía, fue considerada como un negocio esencial. El gobierno federal se convirtió en uno de sus clientes, dijo Charney. El largo camino hacia la redención, de manera repentina, se veía mucho más corto.
No obstante, el viernes, el Departamento de Salud Pública (DPH, por su sigla en inglés) del condado de Los Ángeles ordenó el cierre de las instalaciones de fabricación de Charney: una investigación reveló más de trescientas infecciones confirmadas entre sus trabajadores y cuatro fallecimientos. Tres muertes se registraron en junio y una en julio.
En un comunicado que detalla las razones del cierre, el departamento citó “violaciones flagrantes de las órdenes obligatorias de control de infecciones de salud pública” y fallas en “cooperar con la investigación del DPH de un brote de COVID-19 reportado”.
Esta es una de las primeras clausuras de una fábrica en Los Ángeles debido a brotes relacionados con el coronavirus, según Jan King, funcionaria de salud regional para el sur y el oeste de Los Ángeles. A pesar de que el departamento de salud realiza numerosas investigaciones, habitualmente son resueltas a través de acciones con las compañías involucradas.
“Los propietarios de los negocios y los operadores tienen una responsabilidad corporativa, moral y social con sus empleados y sus familiares para brindar un ambiente de trabajo seguro que se apegue a todas las directrices de los funcionarios de salud; ahora más que nunca esta responsabilidad es importante, mientras continuamos en el combate de este virus mortal”, dijo Barbara Ferrer, la directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, en un comunicado sobre la clausura, el cual contenía un cronograma de la investigación.
En una llamada telefónica, Charney calificó al anuncio como un “teatro mediático” y dijo: “No considero que ese comunicado represente el punto de vista de las personas con las que estoy trabajando en el departamento de salud. Algunos de ellos se han disculpado conmigo. No es verdadero”.
Los Angeles Apparel comenzó a operar en 2016 y, según Charney, emplea a casi dos mil trabajadores en tres inmuebles. El empresario afirma que, desde que comenzó el coronavirus, han producido más de diez millones de cubrebocas, de los cuales alrededor del 80 por ciento han sido vendidos a agencias gubernamentales.
Charney dijo que todos los empleados habían estado usando mascarillas y que las máquinas estaban separadas a 1,80 metros de distancia. Dijo que el equipo y el espacio eran desinfectados con regularidad y que la compañía había realizado pruebas con frecuencia a los empleados durante las cinco semanas pasadas.
El 19 de junio, una enfermera contactó al Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles sobre un potencial brote en Los Angeles Apparel, según los funcionarios.
El departamento de salud inició una investigación, la cual incluyó una solicitud para que la compañía enviara una lista de todos los empleados —una petición que la institución señaló que no fue cumplida incluso después de múltiples peticiones—. El 26 de junio, los funcionarios efectuaron una visita al lugar, y al día siguiente, la fábrica fue cerrada.
Según King, las violaciones descubiertas incluían barreras de cartón entre las estaciones de los trabajadores y material con recomendaciones sobre el coronavirus que no había sido traducido al español (el idioma nativo de la mayoría de los empleados). Un funcionario también detectó la falta de capacitación en protocolos de salud porque cuando un médico le preguntó sobre ese tema al empleado encargado de revisar que sus compañeros no presentaran síntomas, la persona no pudo mencionar cuáles eran —a pesar de que se encontraban en el muro detrás de él—.
Aunque algunas de las infracciones eran menores, dijo King, hubo una sensación de que la compañía no tomaba con seriedad los documentos que el departamento de salud había enviado y que enumeraban los cambios que debían implementarse. Como resultado, el equipo de investigación pasó de estar representado por una persona a incrementarse a unas diez.
La fábrica reabrió brevemente el 9 de julio antes de ser obligada a cerrar de nuevo.
Charney cuestionó todos estos hechos. Dijo que fue su compañía la que alertó primero al departamento de salud sobre esa situación; que la empresa hizo su mejor esfuerzo para brindar la lista de empleados solicitada, pero que había asuntos de privacidad involucrados; que el cartón era adicional a las regulaciones de distanciamiento social (y que había sido recomendado por un consultor porque el virus no sobrevive mucho tiempo en el cartón).
También dijo que era responsabilidad del departamento de salud —y no de la compañía— traducir sus documentos al español.
El área legal del departamento de salud, dijo Charney, le había indicado que la fábrica podría reabrir el 9 de julio, aunque King mencionó que, primero, era necesario un documento que permitiera la reapertura. Charney atribuyó la confusión a “fallas en la comunicación” en un departamento sobrecargado de trabajo.
“Trescientos es un brote muy alarmante”, dijo King sobre los individuos que se han enfermado en esas instalaciones.
La fábrica permanece cerrada, según un comunicado del departamento de salud, hasta que “puedan demostrar que la instalación cumple completamente con lo requerido por Salud Pública”, pero, tanto el departamento de salud como Charney, esperan poder reabrir en los últimos días de esta semana.
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