Afectado por una declaratoria de rebeldía y orden de arresto en su contra, el economista Andrés (Andy) Dauhajre visitó ayer la secretaría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en gestión de levantar la medida por no haber asistido a una vista de una apelación suya para la revocación de un archivo definitivo emitido a su favor.
Luego de esto, la decisión del tribunal quedó sin efecto, en virtud de que el economista se presentó ante el tribunal, con el que se comprometió a presentarse a la próxima audiencia.
Dauhajre recurrió en apelación la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Solange Vásquez, quien revocó un archivo definitivo dictado a su favor por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Objetantes del archivo
El dirigente político Guido Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Domingo Rojas Pereyra, objetaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que suempresa Baker Street Financial, se encontraba en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.
El 26 de diciembre pasado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) notificó a Gómez Mazara y a Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$750,000,00, y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.
Supuesta lista de pagos
Las pasadas autoridades de la Procuraduría dijeron, en julio de 2019, que habían interrogado a Dauhajre luego que la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, figuraba en una lista de supuestos pagos que le habr ía hecho la empresa Odebrecht.
La institución indicó que esto lo hacían para establecer la veracidad de las informaciones divulgadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que fueron dados a conocer a través de la periodista Alicia Ortega.
En esta se daba cuenta del presunto pago de montos adicionales a US$92 millones que la empresa brasileña admitió haber pagado aquí para obtener contratos de obras públicas.
EL COMPROMISO
Pasada gestión
En su momento, la pasada gestión de la PGR dijo que realizaría “ todas las diligencias de investigación que requiera este proceso para llegar a la verdad, garantizando que todo aquel que las evidencias establezcan que tiene comprometida su responsabilidad penal, como se ha hecho desde un principio, será sometido a la acción de la justicia, respetando siempre el debido proceso de ley”.
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