La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que las investigaciones en la Operación Coral es una de las más complejas que tienen el Ministerio Público.
Expresó que los testigos dicen que temen a testificar contra altos mandos militares “porque no están todos los que son aquí, tenemos temor porque nos han estado llamando, y presionando”.
"Nos robaron tanto que hasta el derecho a una investigación quieren quitárselo y no es posible en un Estado de derecho. No es posible. Hemos hecho una investigación conforme a derecho", manifestó.
Durante la presentación de sus conclusiones en la audiencia que fue recesada hasta este jueves a las 1:00 de la tarde, Yeni Berenice manifestó que en plena investigación el Ministerio Público pidió una documentación "y quienes deciden qué se nos responde son Núñez de Aza (Rafael) y Adán Cáceres y eso es el propio Girón (imputado) que lo declara".
“Esas son de las complejidades que el MP ha tenido que vivir en esta investigación y de las que nos llevan a entender que esa medida de coerción la única que garantiza los fines procesales es la prisión preventiva”, dijo.
La procuradora adjunta pidió en nombre del MP 18 meses de prisión preventiva contra los implicados y que sea cumplida en el CCR Najayo y en el caso de la pastora Rossy Guzmán, que los cumpla en Najayo Mujeres.
“Y por qué ahí, por el hecho de que el Ministerio Público es consciente y sabe todo lo que ha pasado en este proceso y por igual entendemos que aquí un juez, un empresario, a un centro normal. Nosotros no creemos en privilegios irritantes, no creemos en que por ser militar se debe dar un trato distinto”, expresó.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
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