SANTO DOMINGO.- Al menos 20 personas han sido sometidas a la justicia supuestamente por haber estafado al programa de asistencia social “Quédate en Casa” con RD$294 millones.
Asimismo, el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) indaga alrededor de 125 mil denuncias de retiro de los fondos de beneficiarios del programa.
Los expedientes enviados a la Justicia contienen un reporte considerable de transacciones en negocios del Distrito Nacional y el interior que no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad usadas en esas transferencias.
Las estafas fueron realizadas en colmados y almacenes, según la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Digna Reynoso de Pacheco, quien aseguró que nunca se registró clonación de datos en las grandes cadenas de supermercados.
“Hay miles de personas que solo tuvieron acceso al primer pago del Quédate en Casa y nunca más pudieron hacer uso del beneficio, porque robaron sus datos. Gente que vive en la capital y aparecía que había consumido el pago en Jimaní, por ejemplo”, dijo la funcionaria a Diario Libre.
De las 125 mil denuncias de estafa, alrededor de 59 mil beneficiarios del subsidio han presentado la querella formal ante las autoridades.
La sustracción de los recursos comenzó a reportarse en mayo del pasado año y a principios del mes pasado, la jueza titular de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia San Pedro de Macorís, Darlys Altagracia Eusebio, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro hombres acusados de robar las transferencias monetarias del programa.
Oscar Eduardo Reyna Moreno, Junior Steel Echavarría Días (El Menor Priviti), Alexander Santos Velázquez (Chiquito) y Juan Alberto Martínez Ramírez (El Mecánico) fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, a solicitud de la fiscal Zuleyka Mateo Torres, de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de esa localidad.
Este lunes, la jueza María Consuelo Valenzuela, titular de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, impuso un año de prisión preventiva a Manuel Aquilino Ferreras Reyes, dueño del colmado La Gran Parada, señalado como uno de los negocios que han participado en la estafa.
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