Con la concesión para el manejo de los corredores 27 de Febrero y John F. Kennedy a empresas del transporte formalizadas, quedarán suprimidos tres grandes dolores de cabeza: las huelgas de choferes, los aumentos indiscriminados de tarifas y los cortes de rutas.
Este permiso evitará que los nuevos operadores realicen alzas en los pasajes que no estén contemplados por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant). Impedirá también que se realicen huelgas y paralizaciones que afecten la movilidad de los usuarios y aportará mayor seguridad ciudadana con la salida de carros chatarras y piratas que circulan.
La directora de Movilidad del Intrant, Alexandra Cedeño, destacó que en esta licitación solo podrán aplicar empresas organizadas, según indica la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Sostuvo que aquellos sindicatos que aún no se han conformado como empresas no podrán aplicar en la licitación de estos corredores masivos. Añadió que en la actualidad diversas agrupaciones están en proceso de renovación a través del área jurídica de la entidad.
Para que los nuevos operadores puedan brindar sus servicios deberán cumplir con determinadas condiciones, como tener vehículos de años recientes, contar con una cantidad de unidades requeridas, tener capacidad para recibir un número específico de pasajeros y, principalmente, permitir el fácil acceso de personas con discapacidad.
El plan de reordenamiento del transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo desarrollado por el Intrant, junto con otras entidades de este sector, pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios de la ciudad y otras provincias del país. El anuncio de la licitación de estas rutas de la capital marcará un antes y después en temas de orden, seguridad y disminución de gastos en los usuarios con la incorporación de un transporte integrado que pretende interconectar todo el transporte público.
Cedeño explicó que los conductores de estas rutas brindarán el servicio en un trayecto delimitado, el cual tendrá un punto de origen y su lugar de destino, paradas debidamente establecidas y la frecuencia en que deberán movilizarse por estas vías.
Los choferes no podrán realizar paradas improvisadas ni desviarse fuera del trayecto previamente determinado. Estos corredores contarán con paradas para el usuario, señalizaciones y carriles definidos. “El objetivo es eliminar los carros de conchos como lo manda la ley (63-17)”, indicó sobre el principal interés del plan de reordenamiento del transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo.
La entidad comenzará el proceso de sustitución de los automóviles carentes de condiciones para circular a través de las vías públicas y dar servicio a los ciudadanos, poniendo en servicio autobuses de mayor capacidad y en condiciones adecuadas.
La acción se tomará en aplicación de la Ley 63-17, que establece que los vehículos reemplazados serán sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y demolidos de inmediato por el Intrant.
Alrededor de un total de 19,000 chatarras han sido registradas en el Gran Santo Domingo. Pretenden en una segunda etapa llevar esta iniciativa hacia la provincia Santiago.
Informó también que con la puesta en marcha del proyecto se eliminarán los “carros piratas” que circulen por las diferentes vías de la ciudad. Sostuvo que estas dos rutas solo marcarán el inicio del ordenamiento que se procura alcanzar en el país.
“Pretendemos mejorar la calidad de vida de los usuarios. Pagarán menos, ahorrarán tiempo, tendrán mayor seguridad, el riesgo de eventualidades será menor y habrá una disminución de emisiones”, dijo Cedeño.
Indicó, además, que es sobre el Estado que recaerá el debido cumplimiento de este plan de movilidad. Algunas de las entidades que velarán por el orden y fiscalización de las unidades será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la antigua Amet, y la Policía Nacional.
“La Digesett ahora mismo tiene que trabajar en la parte de fiscalización para que se cumpla lo que se va a establecer en los corredores. Esta entidad está trabajando en su plan de operación para determinar las unidades que operarán en las rutas”, expuso.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el tradicional desayuno que organiza LISTÍN DIARIO con personalidades de distintos ámbitos. Este encuentro estuvo encabezado por el director de este medio, Miguel Franjul.
En el encuentro participó el gerente del Centro de Asistencia al Automovilista, Luis Torres.
PARO TRANSPORTE
El paro de transporte que convocó el pasado martes en Santo Domingo la Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (Fenatrano) representó una pérdida de unos 30 millones de pesos para este sindicato.
El paro de transporte que convocó el pasado martes en Santo Domingo la Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (Fenatrano) representó una pérdida de unos 30 millones de pesos para este sindicato.
De un total de 19,000 unidades del transporte público que opera en el Gran Santo Domingo, el 50 % de estos vehículos corresponden a la federación que dirige el sindicalista Juan Hubieres, quien convocó esta paralización en protesta por las alzas de precios en todos los hidrocarburos.
De 3.5 millones de viajes que se realizan a diario en todas las rutas de la capital, alrededor de 630,000 son realizados al día por Fenatrano. Estas cuantificaciones sirvieron de referencia para determinar las pérdidas monetarias que supuso este reclamo de los transportistas.
Señalaron que el paro de 24 horas también representó pérdidas para los conductores que cesaron las labores y, por consiguiente, el monto monetario que diariamente deben pagar a este gremio.
Pese a la inmovilización del transporte, se constató que los usuarios lograron desplazarse de forma normal con los servicios brindados por motociclistas, “choferes piratas” y conductores de otras asociaciones que apoyaron a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Ante el aviso de protesta en el transporte público, la OMSA puso en circulación autobuses para dar el servicio a la ciudadanía de forma gratuita.
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