La experiencia del 2012 cuando este gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del pacto fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.
El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del pacto fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que sólo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
José Ramón Peralta, Ministro administrativo de la presidencia
Correctivos ineludibles
El gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.
Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos mil 500 millones de dólares.
El apremio llevó al Ministro Administrativo de la Presidencial, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado pacto fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.
Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.
¿Otro parche tributario?
Desde el año 2000 el país ha sufrido una decena de legislaciones o parches tributarios y otras tantas de exenciones impositivas, y aunque la presión fiscal está por debajo del promedio latinoamericano, todos los sectores coinciden en que “el pueblo no aguanta más impuestos”, como salieron a proclamar hasta los obispos en los últimos días. Y no es porque la economía no los resista sino por un desequilibrado sistema sostenido en improvisaciones y negociaciones con intereses particulares. Hasta el punto de que impuestos al patrimonio establecidos hace cuatro años no han sido implementados.
El sistema impositivo es regresivo por cuanto en casi en dos terceras partes se fundamenta en el consumo y apenas un tercio en la renta y el patrimonio, con inequidades que generan ineficiencias y dificultades para sectores productivos, para la eficiencia, la competitividad y las exportaciones. Y los impuestos fáciles, al consumo de alcohol, tabaco, combustibles y a las telecomunicaciones y el itebis fueron ya maximizados.
Por esas y otras razones la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 01-12 estableció hace cuatro años, en su artículo 36 “la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a favorecer el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”. Venció el plazo de tres años que estableció para iniciar un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, y la equidad de la estructura tributaria.
Reclamado pacto fiscal
Como ahora, hace cuatro años, al inicio de este gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del pacto fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.
Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del pacto fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años. El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la ley de responsabilidad fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.
Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP
Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.
La fortaleza Institucional
Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. .
Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una ley tributaria y fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; ley de pleno empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Economistas como Alfonso Abréu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el pacto fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.
Concierto político-social
Ningún gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática. Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.
Sólo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, las malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas. Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.
La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales. El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.-
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