SANTO DOMINGO. Los empresarios dominicanos están unidos en reclamar una organización transparente y segura en el transporte de carga, argumentando que el actual monopolio en el sector le resta competitividad a las industrias y pone en riesgo la vida de los actores, “con el tigueraje” existente.
Para Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), el transporte de carga en la República Dominicana es un monopolio, lo cual está prohibido por la Constitución, pero además se ha convertido en una retranca para las empresas dominicanas.
En varias consultas realizadas por Diario Libre, las agrupaciones empresariales dominicanas hacen los aprestos necesarios para impedir el monopolio en el transporte.
“Entendemos que eso hay que acabarlo y estamos tomando las medidas en términos legales para acabar con ese monopolio y además es un monopolio que se convierte en un tigueraje que el país no puede seguir aceptando”, señaló el empresario.
Para la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, el costo en el transporte terrestre muchas veces se incrementa a más de un 30 por ciento cuando se compara de cuánto sería el costo en un transporte privado y cuánto sería utilizando los miembros de los sindicatos.
“Nosotros hemos hecho cálculos de lo que podría costas una tarifa de transporte de una ruta desde aquí a Santiago manejándolo en un transporte privado y el sobre costo llega a veces hasta un 30%”, explicó Almánzar.
Los empresarios esperan la pronta actuación de las autoridades, señalando que los miembros de las asociaciones empresariales son los más afectados porque los transportistas controlan el manejo de las mercancías con acciones vandálicas.
“Las autoridades deben velar porque se cumplan los principios constitucionales -libertad de empresa y la libertad de tránsito- que están entre los derechos fundamentales y no se están cumpliendo”, apuntó Circe Almánzar, quien agregó que el sector empresarial ha “insistido, hemos hecho recursos, hemos buscado formas de que las autoridades nos apoyen. Hemos tenido muy poca receptividad para poder contrarrestar estas acciones, aunque en algunos casos las autoridades han intervenido, ellos vuelven y cometen los actos vandálicos”.
Aparte de la voluntad política, el sector empresarial exige que en el país se establezca a través de la nueva Ley de Movilidad y Transporte una serie de condiciones para garantizar la libre empresa y al mismo tiempo garantizar mejores condiciones en la operaciones del transporte de carga.
Se mostraron en desacuerdo con que se establezca una autorización tarifaria, argumentando que esa medida contradice lo que es la libre empresa.
“Lo que si nosotros decimos es que debe garantizarse la libertad de oferta y demanda para que el precio se establezca en base a uso referente y la demanda”, dijo Almánzar.
Tanto los industriales de Haina como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideran que en el país se debe implementar ciertas condiciones para que el transporte de carga sea más seguro porque en adición a las prácticas monopólicas que ejercer los supuestos sindicatos, ellos no garantizan la seguridad de las mercancias y es por esto que muchas empresas se ven lesionadas porque la carga no la manejan adecuadamente.
Plantean que parte de los requerimientos que se deben garantizar en la Ley Movilidad y Transporte que cursa en el Congreso Nacional son qué tipo de condiciones debe tener un camión, los niveles de seguridad, “debemos velar que esos camiones tengan GPS para monitorear la carga para evitar que el vehículo se pueda detener, desviar y montar otra carga de otra naturaleza”.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), precisó que también el transporte de pasajero afecta al sector productivo debido al desorden que asegura se vive en todo el país y que las autoridades gubernamentales no han sido capaz de organizar.
“El transporte urbano, el de la ciudad también es igual, está manejado por mafias empresariales y sindicales que no puede seguir siendo”, dijo el empresario.
Añadió que los espacios públicos son del Estado “no son de un sindicato o de una empresa en particular”, por lo que entiende que se debe abrir la competencia y que todo en que pueda competir o quiera participar en ese mercado pueda hacerlo.
“Si yo como empresario privado quiero mandar a sacar mi furgón o mis mercancías del muelle nadie me lo impida porque yo tengo ese derecho como empresario. Ahora eso no puede ser posible porque la mafia y el tigueraje que existe en el transporte de carga a través del monopolio en los muelles me lo impiden”.
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