La “Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes”, fechada el viernes 25 de abril del presente año, fue emitida en el contexto de la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), que dispuso el Consejo Superior del Ministerio Público, acogiendo una sugerencia del Poder Ejecutivo.
La disposición instruye a los fiscales de todo el país a dar alta prioridad a las investigaciones en las que se cuente con informaciones de inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos, policías y militares y policiales sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes.
También en los casos de que esos servidores públicos “recurran a la extorsión, reciban sobornos, cualquier dádiva o prebenda a cambio de facilitar este crimen”.
“En estos casos, se deberá proceder a solicitar la inmediata suspensión de sus funciones del involucrado, a través de los órganos competentes”, indica la instrucción.
Al investigar este delito tipificado en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y sus modificaciones, castigado además por diversas convenciones internacionales de las que el país es signatario, representantes del Ministerio Público de las unidades especializadas y las distintas demarcaciones deberán “solicitar y ejecutar inmovilizaciones de cuentas, inmuebles, vehículos y todo activo vinculado a las acciones ilícitas de las personas o estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes”.
La instrucción, que busca fortalecer la política del Ministerio Público en la materia, dispone también gestionar el secuestro legal inmediato, para fines de posterior decomiso, de los vehículos propiedad de persona o empresas que hayan sido utilizados como medio de transporte para traficar migrantes, en los casos que el fiscal apoderado de la investigación pueda vincularlos de manera objetiva al proceso.
El Ministerio Público recordó en un comunicado que el tráfico ilícito de migrantes representa una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional.
“Su dinámica implica no solo el cruce irregular de fronteras, sino, también, la articulación de redes delictivas que operan con altos niveles de planificación, logística y corrupción”, añade la declaración de prensa.
Indica que esta actividad delictiva socava los sistemas de control migratorio, y de seguridad del Estado, por lo que requiere del fortalecimiento de la respuesta interinstitucional especializada, coordinada y dotada de capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, en coherencia con la Constitución y para preservar la seguridad y defensa nacional.
Precisa que la creación de esta unidad de Investigación Especial creada por el Consejo Superior del Ministerio Público tiene como objetivo principal desmantelar las estructuras criminales organizadas que lavan activos, facilitando la entrada ilegal de migrantes al territorio dominicano.
La unidad estará bajo la dirección de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), que encabeza la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
El Ministerio Público indica que la unidad élite estará integrada por miembros de las distintas agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, con competencia nacional, seleccionados por el Ministerio Público siguiendo estándares internacionales de agencias de investigación modelo.
La unidad contará con recursos y tecnología de última generación, un holístico programa de formación en investigación compleja, incentivos especiales y evaluaciones periódicas para garantizar su idoneidad ética y técnica.
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