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SAN JUAN.- El temor que ha provocado las redadas de inmigrantes en Puerto Rico ha dado paso a que mujeres embarazadas no asistan a sus citas de seguimiento, personas no acudan a sus trabajos e incluso y casos en los que individuos contemplan el suicidio como una opción, relató el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez.
“Tenemos situaciones ahora mismo de personas que están encerradas en su casa con situaciones serias de salud. Ayer me llamó una embarazada que teme ir a darse seguimiento de su embarazo… Hay crisis de salud mental aquí, me han hablado hasta del suicidio. Esto es algo crítico”, insistió el activista.
Advirtió que “no están ni siquiera saliendo a buscar comida. Nos están llamando que no tienen qué comer, imagínate la salud. Cuando tienes hambre, tú quieres comer y ni eso tienen ahora mismo. No tienen salud y no tienen comida y no están generando ingresos. O sea, es una crisis de grandes proporciones, humanitaria, de derechos civiles, de derechos humanos y es un estado totalitario y el gobierno no ha dicho nada”.
Sus expresiones se produjeron en medio del anuncio de la alianza entre el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMCPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), para garantizar que toda persona, sin importar su estatus migratorio, pueda tener acceso a servicios médicos de calidad.
Sobre la respuesta de la gobernadora Jenniffer González, dijo que “lamentablemente ha hecho como el avestruz, ha escondido la cabeza. Yo le hago un llamado, como se lo he dicho en varias ocasiones, que nos dé la cara, que nos dé una reunión para buscar, como dicen los compañeros, una salida humanitaria al asunto. Crear sitios que sean santuarios como clínicas, hospitales, áreas donde puedan ir a atenderse”.
Dijo que continúa a la espera del comisionado residente, Pablo José Hernández, para saber si, en efecto, los municipios de alcaldes populares servirán de “santuario” para los inmigrantes.
Proyecto de ley a favor de inmigrantes
Con el fin de reforzar la política pública y garantizar los derechos de los inmigrantes en la Isla, por petición de la ACLU, legisladores de las delegaciones de minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD), radicaron el Proyecto Cameral 331, que propone ampliar la protección de establecimientos que puedan catalogarse como “sensibles”.
De acuerdo al texto de la medida, “lugares sensibles” se refiere a escuelas públicas, colegios, universidades y/o actividades relacionadas al aspecto educativo.
Lo mismo establece con relación a instalaciones de salud, iglesias, manifestaciones, centros comunitarios, refugios de emergencia, centros de cuidado parcial o prolongado e instalaciones judiciales.
La directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, destacó que a pesar de que la Isla es parte de los Estados Unidos y debe acatar las directrices que el presidente Donald Trump radique, “el gobierno local tiene la obligación de hacer cumplir nuestras leyes”.
“Es importante que esos espacios estén protegidos y que las personas no tengan miedo de ir a estos espacios. No solamente nosotros creemos que se debe proteger los espacios donde se dan servicios de salud, sino las áreas alrededor de esos espacios, porque está probado que, si hay policías en la calle de al frente de un hospital, igualmente las personas se pueden sentir con miedo de acceder a servicios de salud. Por eso es importante este proyecto”, recalcó.
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