Tras cuatro años y cinco meses de haberse destapado uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en la región, este jueves el caso Odebrecht en suelo dominicano encuentra su primera gran sentencia.
En el juicio de fondo se espera que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidan si seis implicados en el caso obtendrán la libertad o serán condenados con penas que van desde 5 a 10 años prisión.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
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