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54Grado.com : Hoy es jueves 28 de marzo del 2024. Faltan 278 días para el año 2025. Temperatura: la máxima estará entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C :.... Efemérides Nacionales: 1805. El coronel italiano Juan Barón, perteneciente a las fuerzas mixtas de dominicanos y franceses, muere en combate contra las tropas haitianas de Dessalines sitiadoras de Santo Domingo. 1862. La reina de España, Isabel II, nombra a Pedro Santana Marqués de Las Carreras, luego de aceptar la renuncia de éste de sus cargos de capitán general y gobernador de la colonia. 1864. Juan Pablo Duarte hace su entrada a la población de Guayubín, buscando apoyo para la restauración de la República. 1928. Nace en la ciudad de Montecristi, el lanzador Federico (Chichí) Olivo Maldonado. 1962. Mediante una carta enviada al presidente de la OEA, Alberto Zuleta Ángel, el canciller dominicano Bonilla Atiles, solicita al organismo hemisférico tomar interés en relación a los juicios celebrados en Cuba contra los prisioneros de guerra. 1963.En un discurso al país, el presidente Juan Bosch responde las principales críticas de sus opositores y anuncia el sometimiento al Congreso los temas más controvertidas de la Constitución, como la reforma agraria, latifundio y el matrimonio. 1966. Es creada la Dirección General de Tránsito Terrestre, adscrito a la secretaría (Ministerio) de Obras Públicas. 1973. Es asesinado por "desconocidos", en horas de la noche, el periodista Gregorio García Castro, quien se desempeñaba como jefe de redacción del vespertino Ultima Hora. 1985. Muere en Santo Domingo a la edad de 76 años, el historiador Vetillo Alfau. 2008. El Presidente y candidato a la reelección, Leonel Fernandez, juramenta como miembro del PLD un grupo de dirigentes del PRD, entre ellos Polonio Pierret, ex jefe de seguridad del extinto líder perredeista José Fco. Peña Gómez. Internacionales: 681. El VI Concilio Ecuménico condena el monotelismo. 1507. Génova capitula ante Luis XII de Francia. 1800. El parlamento de Londres aprueba el acta de unión de Inglaterra e Irlanda. 1801. Es firmada la llamada "Paz de Florencia" entre Francia y Nápoles. 1809. En Vigo, se produce la Reconquista de España con la expulsión de los franceses de la ciudad. 1854. Gran Bretaña declara la guerra de Rusia. 1895. Los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematográfico. 1936. Nace en la ciudad de Arequipa, Perú, el escritor y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa. 1959. El Tíbet se alza contra la dominación china. 1971. Es firmado en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, el "Pacto Kupia-Kumi" por el dictador Anastasio Somoza Debayle y el Fernando Agüero Rocha, presidentes respectivos de los partidos Liberal Nacionalista y Conservador para asegurar la reelección del primero en 1974. 1980. En Buenos Aires, Argentina, el Banco Central dispone la liquidación del Banco de Intercambio Regional y otros, vinculados a grandes grupos económicos. 1982. El volcán Chichonal hace erupción en Chiapas, México, después de estar inactivo por siglos. 1990. El parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado. 1997. Un barco con refugiados albaneses se hunde al chocar con un carguero italiano, provocando 80 muertos. 1999. Serbia lanza una gran operación de limpieza étnica contra los albaneses de Kosovo. 2006. En Francia, cientos de miles de trabajadores del transporte, profesores y otros empleados protagonizaron una jornada de huelga nacional, marchando por las calles para tratar de obligar al gobierno a eliminar una nueva ley que limita la oferta de empleo para jóvenes. 2007. Es publicada la primera "Reflexión del Comandante en Jefe" cubano Fidel Castro, titulada 'Condenados a muerte prematura más de tres mil millones de personas ', en la que se alerta sobre "las graves consecuencias", de producir combustibles a partir de alimentos. 2008. El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo se entrega a las autoridades federales del Tribunal Federal en Hato Rey, pero la jueza Margaret Kravchuk dispone quedar libre bajo su propio reconocimiento y sin pagar fianza ni entregar su pasaporte. 2014. El Gobierno de Filipinas y la guerrilla del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) firman un acuerdo de paz, después de 30 años de lucha fratricida, a cambio de la creación de una región autónoma musulmana en el sur del país. 2018. El Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, confirma que al menos 68 personas fallecieron en un "presunto incendio" en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en el centro del país, donde, según medios locales, estalló un motín durante la madrugada. 2019. El canciller haitiano, Bocchit Edmond, lamenta el ataque armado sufrido por el embajador de Chile en el país, Patricio Utreras, al que prometió, durante una visita que le realizara, que la justicia actuará contra los responsables. - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirma que ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos, por lo que Washington no tiene derecho a decirles cómo deben desarrollar sus relaciones bilaterales. 2021. La Casa Blanca y varias compañías privadas de Estados Unidos trabajan para desarrollar un estándar de pasaporte de vacunación que certifique que su portador está inmunizado contra la covid-19, iniciativa que también prepara la Unión Europea (UE). 2022. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratifica la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, donde será procesado por delitos relacionados al narcotráfico, después de una revisión al recurso de apelación presentada por el grupo de abogados de Hernández. - Rusia anuncia estar elaborando un documento para imponer restricciones de visados a los ciudadanos de "países inamistosos", en represalia por medidas similares adoptadas en su contra, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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martes, 10 de agosto de 2021

El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria

JULIO CURY
Santo Domingo, RD

Median­te Reso­lución núm. 017-2020 del 24 de noviembre del pasado año, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) apro­bó el vigente reglamento disciplinario, cuya redac­ción estuvo a cargo de una comisión presidida por Ra­fael Vásquez Goico e inte­grada por Etanislao Rodrí­guez Ferreira, Julio César Canó, Yadira De Moya, Mi­guelina Ureña, Ysis Muñiz, Franklyn Concepción y Ja­cinto Castillo.

Pudiera decirse que el indicado reglamento fue ampliamente debatido y consensuado, pues los co­misionados tomaron en consideración opiniones y sugerencias de jueces de distintas regiones del país. Su lectura integral permi­te colegir el notable influjo que habrían ejercido jue­ces de lo penal, ya que mu­chos de los términos em­pleados y de los institutos procesales contemplados son los del Código Proce­sal Penal, al tiempo que los principios de la justicia disciplinaria son, mutatis mutandis, los contenidos en los primeros veinticin­co artículos del referido texto legal. Más todavía, el denominado “consejero de la instrucción prepara­toria” es un calco del juez de la instrucción, siendo tan semejantes las funcio­nes de uno y de otro que el primero decide la ele­vación a juicio a través de una decisión con el mismo nombre: “auto de apertura a juicio disciplinario”.

Llama la atención que los jueces, tanto los con­sultados como los comisio­nados, hayan incorporado la más avanzada doctrina y jurisprudencia a favor de los derechos del sujeto pasi­vo durante la etapa prepa­ratoria del proceso penal, y en particular, los criterios de la Corte IDH. Me refiero al concepto expansivo del de­recho de defensa, que co­mo explica Perfecto Andrés Ibañez, se activa desde la investigación misma. Tere­sa Armenta Deu lo secunda así: “… la creciente amplia­ción del derecho de defensa y de la existencia de contra­dicción en la fase preparato­ria… es uno de los grandes avances en la erradicación de la justicia inquisitorial”.

Juan Carlos Jiménez He­rrera, formidable tratadis­ta peruano, explica que “Si bien es cierto que el fiscal es el director de la investi­gación preliminar, esto no significa que los sujetos pro­cesales (imputado y victi­ma) no puedan ejercitar su defensa en esta etapa, si­no que tienen todas las ga­rantías para hacerlo bajo el principio de igualdad de armas”. Heliodoro Fierro Méndez no se queda atrás: “… la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, inclui­da la etapa preprocesal co­nocida como investigación previa, indagación prelimi­nar o simplemente indaga­ción. No existe justificación válida para restringir la par­ticipación del imputado en ella, pues resulta indispen­sable su protección desde el momento en que se ha iniciado una investigación en su contra, en procura de que pueda tomar opor­tunamente todas las medi­das que establezca el orde­namiento para ejercer con equilibrio la defensa de sus derechos”.

Le cedo ahora la palabra a Alejandro D. Carrió: “Un sujeto pasivo del poder del estado y objeto del mismo, tiene derecho a la defen­sa desde la indagación mis­ma, por lo que cualquier ac­tividad o acto que se ejerza contra ese sospechoso de­be tener como correlativo la garantía del ejercicio de defensa”. Claus Roxin, muy conocido entre nosotros, no sostiene nada diferente: “… se le debe conferir al impu­tado unas potestades de­fensivas amplias durante la fase de la investigación pre­via”. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha estimado que “El dere­cho a la presunción de ino­cencia que acompaña a to­da persona hasta que se le condene en virtud de sen­tencia firme, se vulnera si no se comunica oportuna­mente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que es­ta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de de­fensa conociendo y presen­tando las pruebas respecti­vas… la defensa debe estar en posibilidad de defender­se… tanto en la etapa de in­vestigación como en la de juicio, y ello sin ninguna li­mitante por parte del ente acusador”.

El Tribunal Constitucio­nal español ha coincidido señalando que “… la etapa de investigación previa re­viste especial importancia tanto para el sistema puniti­vo como para el imputado, razón por la cual durante esta etapa debe protegerse y garantizarse plenamen­te el derecho de defensa y sus principios, entre ellos la igualdad de armas”. Aho­ra bien, el acento lo puso la Corte IDH en el caso Ba­rreto Leiva vs Venezuela: “… impedir que la persona ejerza su derecho de defen­sa desde que se inicia la in­vestigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afecta­ción de derechos, es poten­ciar los poderes investigati­vos del Estado en desmedro de derechos fundamen­tales de la persona inves­tigada…. Por todo ello, el art. 8.2.b convencional ri­ge incluso antes de que se formule una acusación en sentido estricto”, decisión ésta que, como se sabe, tie­ne efecto vinculante “para los poderes públicos y todos los órganos del Estado” en virtud de lo que disponen los artículos 74.3 constitu­cional y 7.13 de la Ley núm. 137-11.

He hecho este breve re­paso doctrinal y jurispru­dencial porque la Resolu­ción núm. 017-2020 del CPJ repudió radicalmen­te el sistema inquisitivo. En armonía con las garantías procesales del debido pro­ceso, se previó como obliga­ción del Inspector General del CPJ no solo la de poner a disposición del juez disci­plinado “… los elementos de prueba recolectados e informarle del derecho que tiene de solicitar u ofrecer medios de prueba…”, sino también la de realizar las di­ligencias que éste le solici­te en interés del esclareci­miento del hecho objeto de investigación. Pero eso no es todo; los doce numera­les de su art. 30 son un poe­ma a la tutela jurisdiccional efectiva y al sistema penal acusatorio. Permítaseme transcribir los más sobresa­lientes:

“1. A partir del momento en que tenga conocimien­to que cursa una denuncia que procura una investiga­ción [el juez disciplinado] tendrá derecho a conocer la denuncia y los actos de in­vestigación realizados, sal­vo los que estén pendientes de ejecución. 2. Ser comu­nicado de la investigación realizada y conocer los me­dios de investigación… 5. Ofrecer todos los medios de investigación de que dis­ponga o solicitar a la Inspec­toría que los realice. Si la Inspectoría se negare, por cualquier razón, tendrá de­recho a recurrir ante el Con­sejero de la Instrucción Pre­paratoria para que decida si los ordena…. 7. Conce­der una entrevista a la Ins­pectoría General para dar su versión sobre los hechos durante la fase de investi­gación… 9. Ofrecer medios de prueba para la investi­gación y el juicio disciplina­rio…”.

Como el refranero des­aconseja amolar cuchillo pa­ra la garganta propia, el CPJ se aseguró de que los jueces no fuesen víctimas de arbitra­riedades parecidas a las que el órgano de persecución pe­nal ha venido reiterando. Efectivamente, al discutir el contenido de la

Resolución núm. 017-2020, el CPJ se negó a “va­lidar” la conculcación del derecho de defensa en la etapa preparatoria, concul­cación de la que ellos -los jueces- han sido testigos en múltiples ocasiones. Lo pa­radójico es que cuando se reclama el respeto de ese derecho, son los mismos jueces quienes lo regatean en base a interpretaciones normativas restrictivas o textuales, desmantelando así la configuración consti­tucional del debido proceso y, por supuesto, causando daños injustificados y difí­cilmente reparables al dere­cho de defensa.

 

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