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La analista de la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, Jisselle Polanco admitió ayer que no verificó ninguna transferencia relacionada con operación sospecha, ni identificó actividad financiera para relacionar al exsenador Tommy Galán y al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa con la constructora Odebrecht.
En la continuación de la audiencia seguida a los implicados en el caso Odebrecht ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la testigo número 11 de la acusación, al preguntarle en el contrainterrogatorio si había registro de operaciones sospechosa entre los imputados Tommy Galán, Díaz Rúa, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón, respondió que no.
Expresó que entre los documentos que fueron evaluados por ella para elaborar el informe financiero de la empresa Galán Grullón y Montás, propiedad de Tommy, no se determinaron transacciones sospechosas con la constructora brasileña y que la Superintendencia de Bancos no remitió ninguna transferencia de los productos financieros del imputado.
De su lado, el imputado Tommy Galán pidió un turno al tribunal para cuestionar el informe realizado por la testigo, tras señalar que el mismo, fue usado para hacer un relato especulativo, con el fin de poder incorporarlo al tribunal como una prueba para condenar.
En torno al imputado Díaz Rúa, la testigo dijo que a pesar de ser una persona políticamente expuesta no generó alerta alguna por operaciones sospechosas, tras señalar que tampoco le consta si en su análisis valoró cuentas de campañas y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La testigo dijo que evaluó cuentas mancomunadas de Díaz Rúa con el entonces ministro de Turismo, Francisco Javier García, y Ramón Rivas, dirigentes del PLD, y que los números del informe podrían variar si se excluyen los productos financieros de la organización política y de su campaña.
Reconoció que había formularios de recepción de reportes en efectivo, a pesar de que los bancos son sujetos obligados, no se generó reporte por operación sospechosa.
Exclusión de páginas
La testigo además declaró que no hubo transferencia de Odebrecht, ni de Ángel Rondón, ni de Conrado Pittaluga, además de que no se verificaron operaciones sospechosas con la empresa Solaris, propiedad de Díaz Rúa y que la Dirección General de Impuestos Internos (DGGI), no detectó anomalía.
Los abogados Miguel Valerio, Ramón Núñez y Laura Rodríguez resaltaron que el tribunal respetó de cada uno de los informes incorporados y excluyó todas las páginas de los mismos que contenían información que excedía el 14 de agosto de 2016, lo que naturalmente tiene una variación de los resultados.
Pepca y las pruebas
De su lado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó incorporando pruebas en contra de los imputados Díaz Rúa y Tommy Galán Grullón, a través de los informes financieros.
El titular del Pepca, Wilson Camacho, y la fiscal Mirna Ortiz, esta última encargada de litigación del órgano persecutor, destacaron el avance de esta fase de presentación de las pruebas a cargo, señalando que hasta el momento han incorporado más de 240 pruebas.
Los imputados en el caso Odebrecht son el empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y el también exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de incurrir en delitos de soborno, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, además en delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
SEPA MAS
El proceso y los aplazamientos
Recesa para lunes.
La audiencia que llevan a cabo las juezas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez, fue recesada para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana, cuando continuarán exponiendo testigos del ministerio público.
US$92 millones.
La empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado sobornos en el país por 92 millones de dólares, para lograr la concesión de grandes obras de infraestructura, en las que también se citan sobrevalución de contratos.
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