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Los demócratas presentaron ayer el ambicioso proyecto de reforma migratoria apoyado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca crear una vía para la naturalización de 11 millones de indocumentados, un trámite legislativo que enfrenta resistencias de la oposición republicana.
La iniciativa fue presentada por los legisladores demócratas Linda Sánchez, en la Cámara de Representantes, y Bob Menéndez, en el Senado.
Llegó la hora de "sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados", dijo Menéndez durante una rueda de prensa virtual junto a otros legisladores.
Este proyecto de ley se presenta en un momento en que la Casa Blanca busca que se apruebe en el Congreso un plan de alivio para la economía por 1,9 billones de dólares. Para conseguirlo, deberá negociar con los republicanos si quiere estímulos para revivir una recuperación agónica.
En la Cámara Alta los demócratas tienen 50 de las 100 escaños, y pueden usar el voto de la vicepresidenta, Kamala Harris, para desempatar. Pero si quieren evitar cualquier táctica de bloqueo deben reunir 60 votos para aprobar este proyecto.
"Sabemos que el camino para avanzar requiere de negociaciones con los otros, pero no vamos a hacer concesiones de entrada", dijo Menéndez, quien admitió que no sabrá si lograrán la cota de los 60 votos hasta que lo intenten.
La presidenta de la Cámara de Representante, Nancy Pelosi, celebró la iniciativa integral.
"Hay otros que quieren hacerlo de forma fragmentaria y ese también puede ser un buen enfoque. Eso lo tiene que decidir el Congreso", afirmó Pelosi.
En la Cámara Baja, la propuesta no tuvo un buen recibimiento entre los republicanos, que publicaron un informe afirmando que esta reforma "va a hacer que los estadounidenses estén menos seguros".
El representante republicano Jim Jordan indicó que la reforma de Biden "coloca los intereses económicos del país y su seguridad en último lugar en un momento en el que debería estar centrado en reabrir las escuelas, ayudar al empleo y derrotar al covid-19".
Un "imperativo económico y moral"
Menéndez defendió que hay un "imperativo económico y moral" para pasar una reforma amplia e inclusiva que "no deje a nadie atrás", pero reconoció que si se logra que ciertos elementos avancen y sean aprobados, también será positivo.
El objetivo principal del proyecto es crear una vía para la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1 de enero de 2021.
Uno de los grupos beneficiados por esta iniciativa son los denominados "Dreamers", jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres siendo menores de edad, ya que podrán acceder a la residencia permanente.
Durante el gobierno de Barack Obama este grupo de cerca de 700.000 jóvenes -la mayoría de origen latinoamericano- fueron beneficiados por un estatuto de protección que su sucesor, Donald Trump, intentó cancelar en una pugna judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
También, de aprobarse, podrán acceder a la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar una historia de empleo en Estados Unidos.
Para Biden "esta es una oportunidad de reiniciar el debate sobre una reforma migratoria después de los cuatro últimos años", indicó en una rueda de prensa un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado.
El gobierno de Trump aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.
Desde que llegó al poder, Biden anunció un golpe de timón en materia migratoria que incluyó la creación de un contingente para reunir las familias separadas por la política de "Tolerancia cero" en la frontera impulsada por Trump.
A partir de esta semana comenzará a desmantelar el polémico programa "Qúedate en México", que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer de lado mexicano de la frontera a la espera de la resolución de sus casos.
El alto funcionario destacó que la ley cambia el término en inglés "alien" para referirse a los extranjeros, por la designación "no ciudadano", con el objetivo de "reflejar de mejor manera los valores que tiene el presidente sobre la inmigración".
Este jueves, el gobierno anunció que instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que limitara las detenciones y expulsiones de inmigrantes irregulares para centrarse en las personas que constituyan un riesgo para la seguridad nacional.
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