Tres de los seis acusados de los sobornos por US$92 millones que admitió pagar en el país la empresa brasileña Norberto Odebrecht para conseguir contratos de obras, rechazaron ayer, a través de sus representantes legales, las acusaciones del ministerio público durante el juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los abogados Carlos Salcedo, Ricardo Taveras y Claudio Stephen, defensa legal de Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, respectivamente, objetaron en el juicio de fondo los delitos que les atribuye el ministerio público a los implicados en el expediente, de corrupción, soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito falsedad en la declaraciones juradas de bienes y otros.
Sentencia condenatoria
Mientras el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmó, en un receso de la audiencia, que está convencido de que el proceso terminará con una sentencia condenatoria, a pesar de los calificativos y argumentos que han expuesto los abogados de los acusados.
“Yo lo que diré es que paciencia, vamos a presentar las pruebas inmediatamente ellos (los abogados) terminen”, indicó.
El tribunal recesó el juicio hasta mañana para continuar con los discursos de la defensa legal de los otros tres acusados, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga. Mientras en la tarde, entrará en la fase de declaratoria de los acusados, según precisó la presidenta del tribunal, Giselle Méndez.
El abogado Salcedo consideró que el juicio contra Andrés Bautista es una gran mentira, un engaño realizado por un acusador selectivo y con intenciones políticas, por lo cual entiende que será absuelto.
Mientras Taveras, abogado del exsenador Tommy Galán, señaló que la acusación es un manojo de papales que eventualmente terminará siendo cuerpo de delito, y que fue para lograr un “equilibrio político”.
Por igual, Stephen, abogado de Rodríguez, sostuvo que ha habido manipulación y falseamiento de los datos, incurriendo en un verdadero acto de maldad. Expuso que el ministerio público modificó los números del patrimonio de Rodríguez, al atribuirle un aumento de su patrimonio de más de un 700 % hasta 2017.
Cree que la barra acusadora está viendo cómo arreglar el expediente en el transcurso del juicio de fondo.
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