Desacuerdo en la cámara de cuentas por Odebrecht

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

A pesar de que en días pa­sados, Hugo Álvarez Pé­rez, presidente de la Cá­mara de Cuentas de la República Dominicana, in­formó que a finales de es­te mes de septiembre se podría presentar el infor­me de la investigación es­pecial realizada a 11 pro­yectos del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones, ejecutados por la empresa constructora Odebrecht, un voto disi­dente de un miembro, de los cinco que conforman el pleno, revela incumpli­mientos en la indagación para este dictamen.

Margarita Melencia­no Corporán, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, emitió un vo­to contrario a la investiga­ción que realizó esa insti­tución, al considerar que hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y le­gales, a cargo del Ministe­rio de Obras Publicas y Co­municaciones, y que no fueron observadas o detec­tadas por los auditores ac­tuantes.

Melenciano Corporán so­licitaba con su voto contra­rio a la investigación que la misma fuera desestimada.

Este voto, emitido en la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020, indica que las autoridades del Ministe­rio de Obras Públicas, “no presentaron los documen­tos o estudios referenciados con motivo de las respues­tas o reacciones que se ori­ginaron por las recomenda­ciones que formularon los auditores de la Cámara de Cuentas de la República”.

De igual forma, las modi­ficaciones o adendas de los contratos de las obras pú­blicas investigadas consti­tuyen una modificación a los pliegos de condiciones específicas, lo cual significa una violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrata­ciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Melenciano Corporán, también justifica el voto di­sidente a la investigación, al entender que las modifica­ciones o adendas a los con­tratos vulneran las disposi­ciones del artículo 127 del reglamento de la ley 340-06, “pues excede en más de un 25 % el monto contrata­do originalmente”.

“En consecuencia, que el informe no debe ser aproba­do, debido a que, contrario a lo presentado por los audi­tores de la Cámara de Cuen­tas, en la contratación de las obras investigadas se apre­cian violaciones al ordena­miento jurídico del Estado, y que las mismas comprome­ten la responsabilidad de las autoridades administrativas que contienen la atribución de velar por el control inter­no del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP)”.

Este voto fue rechazado por Hugo Francisco Álva­rez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas; Pedro Ortiz Hernández, vicepre­sidente; Carlos Noé Tejada Díaz, secretario del pleno y Félix Álvarez Rivera, miem­bro, quienes no acogieron la petición de que se des­estime la investigación que comprende las obras rea­lizadas por la constructora Odebrecht del periodo en­tre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.

“Indicamos que cuando nos fue notificada la decisión adoptada por el pleno de la Cámara de Cuentas, en tor­no al caso, advertimos que nuestra posición había sido rechazada por el organismo; por lo que informamos al se­cretario general auxiliar que la decisión no debe expresar que rechazaba nuestro voto disidente, debido a que la fa­cultad de aprobar o no una resolución del pleno de la Cámara de Cuentas es parte de nuestras funciones y que nuestras funciones y que nuestros pares no podían re­chazar el voto disidente que habíamos ejercido en virtud de las disposiciones del pá­rrafo IV del artículo 55 de la Ley No. 107-13”, expre­sa Melenciano Corporán en una comunicación haciendo referencia a la ley de proce­dimientos administrativos.

Corrigiendo la decisión

Asegura en el documen­to, con fecha del 1 de sep­tiembre de este año, que el secretario general auxiliar, Eduardo Luna Vilorio, pro­cedió a subsanar el error, corrigiendo la decisión.

Indica en el documento que a pesar que el pleno de la Cámara de Cuentas, ce­lebrado el 18 de agosto de 2020, conocía el informe de la investigación especial, el informe legal y el proyecto de resolución, la decisión contenida en el acta de refe­rencia: PL-2020-017, cons­tancia DEC 2020-113, la decisión fue sobre un tema distinto al presentado a sa­ber que “mediante la emi­sión de dos decisiones, lo que resulta violatorio de la ley; una iba dirigida a mi voto disidente DEC-2020-112, y la otra, DEC-2020-113, a la decisión de los de­más miembros, enviando el informe a la dirección de Auditoría”.

Melenciano Corporán destaca en el documento que su voto “no iba contra la opinión legal, iba contra el segundo informe presen­tado por la Dirección de Au­ditoria y, por vía de conse­cuencia, contra los demás documentos relacionados al mismo”.

“La mayoría de los miem­bros del pleno de la Cámara de Cuentas decidieron so­bre un tema que no fue de­liberando ni votado, lo que constituye una violación constitucional y legal del proceso, que afecta mi voto disidente, porque no iba di­rigido a la opinión legal, sino a la resolución que aproba­ría el informe de la investi­gación especial, que al final no fue decidido, procedien­do a remitir el asunto a la di­rección de Auditoria. Esta­mos frente a una situación irregular por lo que solicita­mos al pleno de la Cámara de Cuentas de la República que declare la nulidad de las decisiones sobre el conoci­miento del informe”, sostie­ne en la comunicación.

Dentro de las obras que abarca esta investi­gación están la Carrete­ra de Casabito, Corredor Duarte I, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera El Río-Jarabacoa, Carretera Cibao-Sur, Carretera Báva­ro-Miches, Corredor Duar­te II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este y Circunvalación San Pedro de Macorís.

Hugo Álvarez Pérez, pre­sidente de la Cámara de Cuentas informó a princi­pios de mes, en una entre­vista en un programa de televisión que para los tra­bajos de campo en la inves­tigación se asistieron de un auditor internacional ex­perto en obras de Odebre­cht, el cual fue enviado por el Contralor General de la República del Perú, Nelson Shack Yalta.

En la misma entrevis­ta indicó que esta investi­gación contó con el proce­so normal de auditoría que va de tres a cinco meses pa­ra su realización y tiene un costo aproximado de 500 mil pesos.

 SEPA MÁS
Semanas de discussion

 Álvarez Pérez dijo que llevaban varias sema­nas discutiendo el infor­me porque habían su­puestos hallazgos civi­les administrativos. “Es motivo de discusión en el Pleno, ya tenemos va­rias semanas, porque hay supuestos hallazgos de carácter civil admi­nistrativo e inclusive hay miembros del Pleno que consideran que hay vio­laciones de carácter pe­nal”.