Santo Domingo, RD En marzo del año pasado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, protagonizó un ácido encuentro con una jueza de la Suprema Corte de Justicia, que buscaba permanecer en el puesto. Hoy, esa persona que era jueza de la Suprema, será su sucesora: Miriam Germán Brito. El choque se produjo durante el proceso de evaluación de la procuradora como jueza de la Suprema Corte de Justicia, en la que Rodríguez leyó dos “cartas anónimas” supuestamente vinculándola con Víctor Díaz Rúa, imputado del caso Odebrecht y exministro de Obras Públicas. Dicha acción, en adición a la manera en que Jean Alain se dirigió a Germán Brito, sorprendió a los presentes ya que las misivas, y los temas que contenía, que abordó no eran del conocimiento de los demás miembros de ese órgano. “Lo que ha hecho el referido funcionario es poner en evidencia su carencia absoluta de objetividad e imparcialidad para evaluarme de manera justa y apegada al ordenamiento jurídico. Esto no puede tolerarse en un Estado de Derecho y lo que es peor, dice mucho de un funcionario que su accionar se encuentra regido por el principio de objetividad en sus actuaciones”, aseguró Germán, mientras pedía que Rodríguez se recusara de su evaluación. Días después, y luego de múltiples críticas, el antiguo procurador se disculpó con la madre y mujer que es Miriam Germán, mas no la jueza, justificando su comportamiento hacia la magistrada y formalmente se inhibió del proceso de confirmación. Sin embargo, la recién designada titular de la Procuraduría General de la República (PGR) no otorgó de todo el perdón hacia Jean Alain, explicando que le resulta difícil aceptar disculpas que “justifican sus acciones por las cuales se está disculpando y vuelve a repetir sus acusaciones”. De igual forma afirmó de que ella no está exenta de ser cuestionada, pero indicó que hay formas y procedimientos establecidos para los cuestionamientos, los cuales no fueron cumplidos. Los “pinchazos” Durante la evaluación de Germán Brito se dio a conocer que su teléfono fue interceptado por la PGR, a pesar de que la institución negó que haya ocurrido. El entonces inspector general de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, explicó que dieron con el teléfono producto de una indagación que realizaba esa la PGR para la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico. Un mes después fue informado que la PGR solicitó a la compañía telefónica Claro la intervención de un “individuo solo conocido con las iniciales BNI", que resultó ser el teléfono de la magistrada, justificando la investigación citando violación a varios artículos de la Ley N0.50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
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