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miércoles, 25 de octubre de 2017

Los linchamientos acabaron con la vida de 136 personas en siete años

SANTO DOMINGO. Tenía 21 años y murió de forma violenta. Una madrugada, un grupo le propinó golpes severos en la cabeza, el pecho, brazos y piernas.
Sin ser juzgado por un tribunal ordinario, la turba lo consideró culpable de asaltar a un motoconchista en el sector El Café de Herrera junto a cuatro hombres que alegadamente escaparon. El caso lo recogió la Policía Nacional en un reporte de septiembre de 2016.
Ese año 14 personas fueron linchadas en la República Dominicana. De forma más amplia, desde 2011 hasta el 15 de octubre pasado, se cometieron 136 homicidios por linchamiento, según enumera un informe dado a Diario Libre por el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) del Ministerio de Interior y Policía que compila cifras reportadas por la Policía Nacional.
Y no todos han sido hombres, en 2011 se identificó a una mujer entre las víctimas.
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“Esas acciones en el país tienen que ver directamente con que tenemos una cultura de violencia”, afirma Alberto Morillo, coordinador del OSC. “Los homicidios que son por convivencia son más que los que son por la delincuencia, conflictos sociales, riñas, que pelean por un parqueo, que sacan una pistola porque chocaron a un automóvil, ese tipo de cuestiones”.
Pero Morillo destaca otra variable: “En segunda etapa podemos decir que la gente posiblemente se sienta inconforme con los procedimientos de justicia o de confianza de la justicia o entienden que no se hace nada con este tipo de cosas y tratan de hacer justicia por su propia mano”.
Un caso reciente ocurrió en septiembre pasado cuando un presunto delincuente falleció en Sabana Perdida por los golpes que recibió de residentes del sector que lo acusaban de asaltar a un médico y herir a su sobrino. Por la muerte se apresó al doctor, a una pariente de este y a dos vecinos.
Cuando en agosto pasado se buscaba el cuerpo de la menor embarazada Emely Peguero en un vertedero de San Francisco de Macorís, un grupo alegadamente intentó linchar a Marlon Martínez, acusado junto a su madre de la muerte de la adolescente. Agentes policiales tuvieron que intervenir y Martínez debió mantenerse en el interior de un vehículo.
Una autojusticia de escala regional
Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso es un método extendido en la región. En mayo del año pasado la prensa reportó que en un pueblo de México unas 600 personas participaron en el linchamiento de dos presuntos secuestradores: un hombre y una mujer.
En Haití se produjeron más de 480 casos de linchamiento entre 2012 y 2015, de los que solo concluyeron con el arresto de 59 personas y solo una fue condenada, según recoge un informe presentando en enero del presente año por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El reporte destacó que los principales motivos alegados por la población en Haití para llevar a cabo un linchamiento son la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia, además de la impunidad.
El informe “La cultura política de la democracia en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática en 10 años del Barómetro de las Américas” destacó que los encuestados en la República Dominicana (42.8), Paraguay (42.3) y Perú (40.6) reportaron la mayor aprobación promedio a las personas que toman la ley en sus propias manos, mientras que los de Panamá (25.1), Brasil (23.5) y Trinidad y Tobago (19.2) tuvieron la aprobación promedio más baja.
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El reporte, publicado por la Universidad Vanderbilt con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), compara los puntajes obtenidos en 2004 al apoyo de la población de Latinoamérica y el Caribe a este tipo de iniciativas con las de 2014, citando un puntaje de entre 28.63 y 32.05 en una escala de 100 puntos.
Para 2014 el encuestado promedio en la región no estaba de acuerdo con que la gente tome la justicia en sus propias manos. Pero, a pesar de lo que muestran los promedios, muchos estuvieron dispuestos a admitir que aprueban que quienes tomen la ley se decidan por sus propias manos cuando el Gobierno no castiga a los criminales.
“Las víctimas de crímenes, aquellos que se sienten más inseguros en sus vecindarios y quienes reportan más actividad de pandillas en sus vecindarios tienen más probabilidades de aprobar la justicia vigilante”, indica el estudio.
La encuesta Latinobarómetro 2016 (que incluyó a la República Dominicana) midió un descenso en la confianza en el poder judicial en la región comparado con 2015: del 30 % al 26 %, en cambio la Policía pasó del 36 % al 38 %, pero el reporte no considera el aumento estadísticamente significativo.
En esa encuesta también se identificó a la delincuencia como el principal problema de la República Dominicana seguida por el económico, según los entrevistados.
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La institucionalidad, la clave
En julio de 2016 la Policía Nacional dominicana informó que fue apresado un hombre luego de ser agredido por una multitud cuando supuestamente fue sorprendido intentando violar sexualmente a una niña de nueve años en Nagua.
Determinar a un culpable de un homicidio o intento por linchamiento se dificulta. “Cuando lo hace la comunidad es muy complicado de saber porque es un grupo”, observa Morillo.
El informe del Barómetro de las Américas indicó que estas formas de justicia popular eluden las políticas e instituciones judiciales, proporcionan pocos mecanismos formales de responsabilidad y presentan un desafío al estado de derecho.
El estudio destaca que los hallazgos sugieren que “los representantes de los sistemas judiciales formales en toda la región cumplirían con alguna medida de aprobación popular si persiguieran a personas que se dedican al vigilantismo o al linchamiento, defendiendo así la prerrogativa de que el Estado sea el árbitro final de la justicia en sociedad”.
Morillo, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, considera que los linchamientos pudieran disminuir con educación ciudadana o cívica, conciencia social, mayor acción a nivel de justicia y más confianza en las instituciones del Estado.

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