Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct.- Estados Unidos perdería 164.000 millones de dólares de su producto interior bruto (PIB) en los próximos 10 años si los beneficiarios del auxilio migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) salieran de la fuerza laboral, según un informe presentado hoy.
El documento, elaborado por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), proyectó las contribuciones de cerca de más de 300.000 beneficiarios del TPS otorgado a personas que no pueden regresar a sus países de manera segura, ya sea por un conflicto armado o por un desastre natural.
Estos cientos de miles de personas, de El Salvador, Honduras y Haití, actualmente residen en el país pero se verían afectadas por la política migratoria del presidente Donald Trump.
“Los inmigrantes que tienen TPS están arraigados en sus comunidades durante mucho tiempo”, señaló Nicole Svajlenka, analista política de CAP y coautora del informe.
El análisis, ceñido a estos tres países, destacó que, en 2015, el 60 % de los beneficiarios del TPS era salvadoreño, el 18 % hondureño, el 15 % haitiano y el 7 % provenía de otros países.
El índice de empleo de estos inmigrantes con permiso legal es de 83,5 % para los salvadoreños, 81,9 % para los hondureños y 69,2 % para los haitianos.
Al coste de retirar a estos beneficiarios de la fuerza laboral se agrega un dato ofrecido recientemente por el Centro de Recursos Legales de Inmigración (ILRC) que calculó que los aportes de estos inmigrantes al seguro social y al Medicare durante una década representan 6.900 millones de dólares.
Para las empresas, según ILRC, reemplazar a estos trabajadores representaría un gasto de 96 millones de dólares.
Svajlenka también resaltó que estos beneficiarios son padres de “más de un cuarto de millón (273.200) de ciudadanos estadounidenses” y llevan viviendo en el país un promedio de 19 años.
Los hondureños tienen como promedio 22 años viviendo en Estados Unidos con el permiso TPS, los salvadoreños 21 años, y los haitianos 13 años.
Los poseedores del beneficio, que incluye un permiso de trabajo y la protección contra la deportación, de estos tres países viven en 206.000 hogares, de los cuales 61.100 (casi una tercera parte) tienen hipotecas de sus viviendas.
Svajlenka anotó que para la renovación del TPS, los beneficiarios “están bajo un proceso riguroso y continuo de aplicación, con revisiones de su información cada 18 meses” y que cada vez pagan “sumas sustanciales” por el permiso.
Los estados más afectados si se suspendiera el TPS para estos beneficiarios serían California (con 55.000 residentes), Texas y Florida (con 44.800 en cada uno), Nueva York (con 26.000), Virginia (con 23.500) y Maryland (con 22.500).
Según el informe, basado en una reciente encuesta, el 77 % de los salvadoreños y los hondureños que poseen el TPS envían 9 % de sus salarios en remesas a sus países de origen.
CAP señaló hoy que el Gobierno federal deberá tomar una decisión sobre la renovación del TPS para los hondureños antes del 6 de noviembre de 2017, para los haitianos antes del 23 de noviembre, y para los salvadoreños antes del 8 de enero de 2018.
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