RABAT. El Gobierno de Marruecos quiere “blindar” las aguas del Sáhara Occidental, así como su territorio, ante la nueva estrategia del independentismo saharaui de plantear batalla por la explotación de los recursos naturales de la zona.
El Ejecutivo presentó ayer, de forma sorpresiva, dos proyectos de ley para incorporar el espacio marítimo frente al Sáhara Occidental a las aguas territoriales marroquíes y así “cerrar el paso a las alegaciones que ponen en duda la soberanía de Marruecos sobre este espacio”, en palabras del portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi.
El portavoz no citó en ningún momento al Frente Polisario, pero el diario “Ajbar al Yawm” lo interpreta hoy con claridad: se trata de “cortar el camino a las denuncias del Polisario con respecto a los productos procedentes del Sáhara”.
Efectivamente, el Polisario y sus aliados internacionales han incrementado su actividad en los últimos meses en el escenario mundial cuestionando el derecho de Marruecos a explotar los recursos saharauis, ya se trate de fosfatos, pesca o incluso arena.
La estrategia del Polisario y de ONG como Western Sahara Ressources Watch pasa por denunciar ante tribunales de terceros países el comercio que compañías marroquíes hacen con productos saharauis y que les ha llevado a litigar, con diferente fortuna, en tribunales de España, Panamá y Sudáfrica.
El caso de Sudáfrica es el que más está perjudicando a Marruecos: un cargamento de 54.000 toneladas de fosfatos extraídos del Sáhara está retenida en el puerto de Port Elisabeth desde el 3 de mayo, inmovilizado por las autoridades a petición del Frente Polisario.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Supremo sudafricano dictaminó que la retención de ese cargamento, que se dirigía a Nueva Zelanda, es legal mientras se somete a juicio, en fecha no precisada, quién tiene derecho sobre el mismo.
Por el contrario, un cargamento de arena saharaui retenido en Palma de Mallorca (archipiélago español de las Baleares) el 24 de mayo y otro barco con fosfatos interceptado a su paso por el canal de Panamá el 19 de mayo pudieron continuar su camino después de que sendos tribunales dictaminaran que no había nada ilegal.
Marruecos sostiene que es una falacia argumentar la expoliación de los recursos, ya que por cada dirham extraído de las riquezas de esta región el Estado invierte siete en su desarrollo y su funcionamiento diario.
Sin embargo, el Polisario va más allá, al fondo de la cuestión, y replica que la misma explotación de los recursos es ilegal mientras que el territorio esté bajo jurisdicción puesta en entredicho según estándares internacionales.
Son esos argumentos los que parecen abrirse paso en Sudáfrica, un país que pasa por ser uno de los principales aliados continentales del Polisario.
En este contexto, la inclusión por parte de Marruecos de las aguas territoriales puede ser vista como un movimiento unilateral, una señal política sin repercusiones jurídicas internacionales, toda vez que la ONU no puede validar esa decisión mientras no exista una solución política definitiva y aceptada por las partes.
Así lo ha visto el Frente Polisario, que ha condenado enérgicamente en un comunicado el anuncio marroquí, que considera “nulo y sin efectos”, además de “una flagrante violación del derecho internacional y del estatus del Sáhara Occidental como territorio no autónomo, inscrito en el comité de descolonización de la ONU”.
El politólogo marroquí Mohamed Reda, especialista en cuestiones del Sáhara, reconoce en declaraciones a Efe que la iniciativa de su país no aporta elementos nuevos “ni tampoco cambia la situación del conflicto a día de hoy”.
Es, admite sin embargo, una “actualización de nuestra situación jurídica, ya que había una situación de hecho (como es el control de las aguas territoriales) que exigía un reconocimiento legal”.
Tenga o no efectos jurídicos, la iniciativa marroquí se produce cuando todavía es incierto el alcance que tendrá la sentencia de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que el Sáhara Occidental es un territorio distinto del Reino de Marruecos, pese a que tanto la UE como Rabat tratan de minimizar su importancia. EFE
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