El grupo está encabezado por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, a quien acompaña Gabriel Bidegain, asesor del secretario general, Luis Almagro, y podrían sumarse funcionarios de la Comunidad del Caribe y de Naciones Unidas.
La delegación, que inicia su tarea en esta capital, donde permanecerá dos días, deberá reunirse con autoridades y entidades locales, y luego viajará a Puerto Príncipe con similares propósitos, antes de regresar a Washington el 14 de julio, trascendió.
El objetivo es conocer sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus y los derechos de los inmigrantes, anunció Almagro.
El envío de la misión es resultado de dos sesiones especiales del Consejo Permanente de la OEA que ha abordado la crisis existente entre Haití y República Dominicana.
Primero, el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, defendió en el seno de la OEA el plan de su gobierno para poner orden a la inmigración ilegal en el país.
También se refirió a la Ley especial de naturalización (169-14), que reconoce la condición de dominicanos a los nacidos de extranjeros ilegales y ha beneficiado a ocho mil 755 personas.
Luego, el canciller haitiano, Lener Renauld, pidió una intervención internacional contra ese plan que a su juicio “podrá crear una catástrofe humanitaria, amenaza a su país y lo desestabiliza en un año electoral”.
El plan dominicano, que concluyó el 17 de junio tras 18 meses de ejecución, consistió en dar la oportunidad a los extranjeros ilegales de regularizar su situación migratoria.
En él se inscribieron 288 mil 466 extranjeros que han comenzado a recibir los documentos que legalizan su permanencia en el país, pero muchos inmigrantes haitianos no pudieron acogerse al plan. El propio embajador haitiano en República Dominicana, Daniel Supplice, reconoció ante el periódico Le Nouvelliste: “Nosotros somos los responsables de lo que sucede con nuestros compatriotas hoy”.
Y es que el Gobierno haitiano no garantizó los documentos exigidos (pasaportes, cédulas de identidad o certificados de nacimiento) para que esas personas pudieran iniciar su regularización migratoria.
Como resultado de esa situación, en las últimas semanas más de 20 mil haitianos retornaron voluntariamente a su país con sus pertenencias, por miedo a ser repatriados.
El gobierno haitiano reaccionó denunciando supuestas deportaciones masivas y alegó que se están violando los derechos de sus compatriotas y de sus hijos nacidos en territorio dominicano.
Para el embajador dominicano en la OEA, Pedro Vergés, el gobierno haitiano ha generado una campaña de desinformación con el solo propósito de ocultar el abandono en que mantiene a sus emigrados.
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