CARACAS.- El petróleo ha sido una pieza clave en el nuevo escenario que se ha abierto en Venezuela. Apenas unos días despúes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el chavismo puso en marcha una reforma acelerada de la ley de hidrocarburos, que ha provocado un giro de 180 grados en la política de nacionalización impulsada por Hugo Chávez, base de la revolución bolivariana.
El nuevo marco legal prioriza la rentabilidad para inversores nacionales y extranjeros, con el objetivo de atraer capital que permita reflotar la producción petrolera. A continuación, una serie de preguntas y respuestas que aclaran las cuestiones más importantes de la nueva legislación.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Los cambios se concentran en tres aspectos: la apertura amplia al sector privado nacional e internacional en la exploración, explotación, producción y comercialización del crudo. En segundo lugar en la reducción de impuestos y regalías (el porcentaje del valor del petróleo extraído que las empresas deben pagar obligatoriamente al Estado) para aumentar la rentabilidad de las inversiones privadas. También se refuerza la seguridad jurídica mediante la incorporación de mecanismos de arbitraje y mediación internacionales, que permiten resolver controversias fuera de los tribunales venezolanos.
Las empresas privadas extranjeras ya participaban en la exploración y explotación petrolera, pero siempre como socios minoritarios del Estado. La nueva ley amplía de forma inédita su rol al permitirles intervenir también en la comercialización del crudo y otorgarles el control total de la gestión y disposición de los ingresos. La normativa autoriza además que los pagos por la venta de petróleo se depositen en cuentas fuera de Venezuela, sin pasar por el Banco Central, como ocurría hasta ahora.
Aunque desde 1977 el petróleo pertenece al Estado venezolano, durante el chavismo se consolidó el modelo de “soberanía petrolera”, que revirtió la apertura de los años noventa. Hugo Chávez impuso el esquema de empresas mixtas, con mayoría accionaria y control operativo estatal, lo que llevó a la expropiación de activos de Exxon Mobil tras negarse a aceptar esas condiciones.
La reforma actual impulsa un esquema en el que el socio privado negocia directamente con el Ejecutivo, sin el control parlamentario que exigía la legislación anterior, y flexibiliza el régimen fiscal para garantizar mayor rentabilidad al capital extranjero. Impuestos y cargas pueden ser exonerados o reducidos discrecionalmente, lo que implica una disminución significativa de los ingresos que recibirá Venezuela por la explotación petrolera a cargo de terceros.
La reforma abre un proceso de desnacionalización y privatización de la industria petrolera. PDVSA deja de ser una empresa operadora para asumir un rol principalmente fiscalizador, mientras la actividad productiva pasa a manos privadas. “De lo que se trata es de preparar el terreno y motivar a los capitales internacionales a invertir en la industria”, explica el economista petrolero Rafael Quiroz, quien compara este proceso con anteriores aperturas petroleras vividas en el país.
Ante la imposibilidad de aumentar la producción por falta de capacidad técnica y financiera, el chavismo ha dado finalmente un giro aperturista. Los yacimientos, no obstante, continúan siendo propiedad de la República.
La licencia general 46 fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos minutos después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos, y ambas medidas están directamente conectadas. Mientras el Gobierno venezolano abre la industria al sector privado, Washington habilita a las empresas estadounidenses a participar en actividades antes prohibidas, como la exportación, venta, transporte, comercialización y refinación de petróleo venezolano, pese a que el régimen general de sanciones sigue vigente.
La licencia permite operar directamente con PDVSA y con el Gobierno venezolano, siempre que los contratos se rijan por jurisdicción estadounidense y que los pagos a entidades sancionadas se canalicen a través de cuentas designadas por el Tesoro. Solo pueden acogerse empresas constituidas antes del 29 de enero de 2025; se prohíben pagos en oro o criptomonedas y se autorizan intercambios de crudo por diluyentes.
El texto establece además un estricto control desde Washington sobre los flujos financieros y prohíbe operaciones con Irán, Cuba, Rusia y Corea del Norte. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia revisar la licencia para preservar la jurisdicción venezolana y no limitar las relaciones comerciales con otros países.
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