Con motores rugiendo y el asfalto como escenario, jóvenes de distintas provincias protagonizan carreras ilegales que se desarrollan en plena vía pública.
Buscan emociones extremas, sin medir las consecuencias. Estas competencias clandestinas ponen en riesgo no solo sus vidas, sino también las de conductores y peatones inocentes.Pero algunos de sus protagonistas dicen querer cambiar el rumbo. Aseguran que buscan dejar la ilegalidad para convertir su pasión en un deporte formal. ¿Qué tan cerca está esa transición?
En la pista Grupo Alonzo, en Sierra Prieta, Monte Plata, más de 90 pilotos compiten de manera organizada, bajo medidas de seguridad y con equipos certificados. José Luis Sánchez, piloto y director del Intrant en Santiago, explica que los trajes y cascos utilizados "son elaborados en Italia y Estados Unidos, con protecciones vitales para cualquier caída".
Protocolos de protección
Organizadores como William Parra aseguran que han implementado protocolos: "Tenemos una ambulancia fija sábados y domingos, con personal médico y terapeuta; y la Policía nos brinda apoyo con unos 25 efectivos por día".
Entre los corredores, hay historias de transformación. Víctor Osvaldo Domínguez, quien antes participaba en carreras ilegales, hoy representa al país en competencias internacionales. "Aquí he logrado todo lo que tengo... mi casa, mi carro, y un contrato anual de 150 mil pesos", cuenta con orgullo.
Otros, como Strolin Capellán, ven en la pista una herencia familiar y un sueño pendiente: "Mi papá quería ser campeón, pero nunca pudo. Yo quiero llegar al mundial de Moto GP, la categoría reina".
Sin embargo, fuera del circuito controlado, la realidad sigue siendo peligrosa. En autopistas y avenidas de todo el país -como Las Américas, la Duarte y la 6 de Noviembre- las carreras clandestinas continúan cobrando vidas.
Dinero de por medio
Detrás de ellas, hay apuestas millonarias. Según el diputado y autor de la Ley 63-17, Tobías Crespo, "se llega a pagar hasta 300 mil pesos por un corredor, y se apuestan entre cuatro y cinco millones por competencia". Mientras que Aníbal Germoso, CEO de Accidentes RD, advierte que "detrás de esto hay toda una organización: dueños de talleres, apostadores, y mecánicos que preparan las motos para correr sin frenos, sin peso y sin miedo".
Algunos organizadores de carreras ilegales aseguran estar agrupados y piden al Estado apoyo para crear pistas en el Cibao, el Sur y el Este. "Solo existe el Móvil Uno, y es privada", dice John Germoso.
La Ley de Tránsito y Movilidad prohíbe desde 2017 las competencias en vías públicas, y las sanciona como homicidios culposos cuando provocan muertes. Pero la aplicación sigue siendo débil. "Los que corren en las calles están atentando contra la vida, y eso tiene consecuencias penales", enfatiza Crespo.
Una larga lista
Mientras tanto, asociaciones como la que representa Jeffry Ruiz aseguran estar trabajando con jóvenes para ofrecerles una salida: "Alrededor de 50 muchachos que no tenían papeles este año ya están en clases. Queremos que la juventud cambie".
Aun así, los accidentes no se detienen. En septiembre, un corredor murió en Sabana Grande de Boyá, sumando una víctima más a la larga lista de "muertes sobre ruedas".
"Yo tengo amigos que ya están en el cielo", lamenta Strolin Capellán. Y Víctor Osvaldo, que hoy entrena en pista, deja un mensaje a los que siguen corriendo en las calles: "Que vengan aquí, tendrán mi apoyo, les regalo un traje... no queremos más pérdidas".
Cada vida perdida deja un silencio después de la adrenalina. Y nos recuerda la urgencia de reforzar las consecuencias.
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