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SANTO DOMINGO.- Desde su imponente fachada en el Centro de los Héroes, el antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia, testigo silente de grandes momentos de la historia judicial dominicana, enfrenta hoy su juicio más complejo: la restauración o la demolición definitiva.
Entre muros que presenciaron procesos trascendentales, como el juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal, se libra ahora una batalla distinta: la de su preservación como patrimonio histórico o su reemplazo por una nueva estructura moderna y segura.El Informe con Alicia Ortega explicó que el edificio fue construido en 1955 bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, como parte de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, la edificación fue diseñada por el afamado arquitecto Guillermo González, considerado el padre de la arquitectura dominicana. De estilo sobrio y monumental, el edificio encarna la solemnidad institucional de su época y resguarda valiosos elementos artísticos como murales del maestro José Velazanete, esculturas del artista español Benjamín Saúl, y relieves interiores que lo posicionan como un bien cultural de inestimable valor.
El Informe detalló que un estudio estructural realizado en 2021 por la empresa EPSA-LABCO advirtió sobre el riesgo inminente de colapso parcial o total ante un evento sísmico. El análisis determinó que los materiales estructurales del edificio—incluyendo vigas, columnas y el acero de refuerzo—no cumplen con los estándares mínimos de resistencia para soportar cargas extremas. Como respuesta, se recomendó la reconstrucción total del inmueble.
La investigación del programa, explica que la arquitecta Japonesa Capellán, El Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), denunció la falta de transparencia del Poder Judicial sobre los estudios técnicos y los planes de intervención. Según expresó, el edificio no solo está inventariado como bien patrimonial, sino que además su declaratoria como monumento nacional ya fue formulada por el propio comité dominicano de ICOMOS.
Capellán manifestó su preocupación a través de comunicaciones formales dirigidas incluso al presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte, Luis Henry Molina.
«Demoler este edificio sin contemplar un estudio serio de reforzamiento sería una grave ignorancia respecto a su valor histórico, cultural y urbano», advirtió.
A esta disputa técnica se sumó una segunda evaluación elaborada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), la cual cuestionó la metodología del estudio inicial de EPSA- LABCO y recomendó elaborar una propuesta de reforzamiento estructural junto a un análisis de costo-beneficio.
El programa explicó que una comparación económica entre rehabilitación y nueva construcción añade aún más complejidad al debate. Mientras rehabilitar costaría aproximadamente RD$890 millones, una nueva edificación costaría alrededor de RD$803 millones. Sin embargo, expertos cuestionan cómo se llegó a esa conclusión sin contar con los planos definitivos del nuevo proyecto, sugiriendo que la diferencia de costos es demasiado mínima para justificar la demolición de una estructura con tanto valor simbólico.
La investigación reveló que por el momento, el Poder Judicial ha iniciado un proceso de “mudanza digital” de sus servicios judiciales y ha trasladado provisionalmente las salas de audiencias a otras sedes.
Se recuerda que este caso no es el único que inquieta, el antecedente del antiguo Hotel Cervantes, adquirido en 2017 por el Poder Judicial y destinado a convertirse en un nuevo palacio de justicia, quedó marcado por irregularidades y hoy, tras millonarias inversiones, funciona solo como almacén.
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