Washington (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración, incluyendo la deportación.
La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.
La acción de este jueves es la primera que la Administración del presidente, Donald Trump, toma en contra de una Gobierno local, después de haber advertido que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.
En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Este tipo de directrices -conocidas como leyes de «ciudad santuario», vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles– han contado con amplias críticas de los políticos republicanos y del actual mandatario.
«Criminales» se escudan en leyes como en Chicago para evitar su deportación»
Las normas, argumenta las demanda, «están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria» de EE.UU.
Los abogados del Gobierno insistieron en que «muchos» de los migrantes indocumentados que están en EE.UU. presentan una «amenaza contra la seguridad nacional».
«Algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (…) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes», expone el documento.
El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como «criminales» y ha promocionado una narrativa que activistas han tildado como «xenófoba».
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