Las figuras más notables en la composición de mando a su máximo nivel, durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, han terminado en el banquillo de los tribunales bajo graves cargos de corrupción administrativa.
El exministro de Hacienda Donald Guerrero, y el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a quienes les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva, al ser vinculados en el caso de la Operación Calamar, les será conocida la revisión obligatoria de la medida de coerción el 4 de julio próximo.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras dictar medida de coerción en su contra, para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, le dio calificación de complejo al caso.
La magistrada dispuso que la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, conozca la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada a los ex funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, cuya jueza tendrá el control de las investigaciones.
De su lado, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, dijo que la decisión de la jueza corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público sobre la seriedad y la contundencia de la investigación en contra de los encartados en acto de corrupción.
“El tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado la barra de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos; todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal”, expresó la directora de Persecución.
Asimismo, la jueza Kenya Romero, dispuso el arresto domiciliario del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida, sin autorización judicial.
Mientras tanto, al ex ontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, que tiene en su defensa al abogado Carlos Olivares, tendrá impedimento de salida del país y el pago de garantía económica de cuatro millones de pesos, bajo la modalidad contrato.
Al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, le fue impuesto arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Al imputado Aldo Antonio Gerbasi Fernández se le impuso el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida del país, sin autorización.
De su lado, al abogado Ángel Lockward se le impuso arresto domiciliario, presentación periódica, prohibición de salida del país y el pago de una garantía económica de 7 millones de pesos, en efectivo.
En el caso de Claudio Silver Peña, éste deberá cumplir arresto domiciliario, pago de una garantía económica y prohibición de salida del país.
Alejandro Antonio Constanzo Sosa tiene aplicado arresto domiciliario, pago de una garantía económica de 1 millón de pesos en efectivo e impedimento de salida.
Roberto Santiago Moquete Ortiz: arresto domiciliario e impedimento de salida, y Ana Linda Fernández Paola, arresto domiciliario, con autorización de ir a todos los chequeos médico, debido a su estado de salud.
Mientras que a Ramón David Hernández se le impuso presentación periódica los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país y pago de una garantía económica de un millón de pesos. A su esposa, Yahaira Brito Encarnación, tiene prohibición de salida del país y pago de una garantía económica. A Marcial Reyes, arresto domiciliario, prohibición de salida, y a Emir José Fernández de Paola, arresto domiciliario e impedimento de salida y pago de garantía económica de dos millones de pesos, bajo la modalidad de contrato.
A Oscar Arturo Chalas Guerrero, presentación periódica, prohibición de salida, detención en su domicilio y la garantía de un millón de pesos.
Julian Omar Fernández Figueroa, impedimento de salida y arresto domiciliario. Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, presentación periódica los días 30 de cada mes y prohibición de salida.
Agustín Mejía Ávila, el pago de una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida y arresto domiciliario. A Víctor Matías Encarnación Montero, el pago de una garantía económica de RD$3 millones, impedimento de salida y arresto domiciliario.
Ataque al tribunal
A la salida del tribunal, la defensa del imputado José Ramón Peralta, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, calificaron de “atropello” la decisión del tribunal de imponer prisión preventiva a su cliente.
Informaron que interpondrán un recurso de apelación.
Consideraron que, aunque no cuentan con la sentencia íntegra y motivada, ésta constituye “la consumación de un atropello”. Alegan que la solicitud de medida de coerción en contra de Gonzalo Castillo “estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas que en esta fase no debe tener ningún impacto en términos de prueba”.
Coerción a Gonzalo
De su lado, los abogados de Gonzalo Castillo, Luis Rivas y Lauta Acosta, consideraron que el arresto domiciliario y el pago de una garantía económica “no cambian la vida de su cliente”.
Sostienen que el Ministerio Público basó su pedido de solicitud de prisión preventiva en el supuesto riesgo de obstaculización de la investigación y amedrentar testigos.
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