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La mañana del domingo 16 de febrero del 2020 estaban pautadas a celebrarse las elecciones municipales ordinarias, la cual traía como principal novedad el hecho de que se utilizaría por primera vez en un torneo electoral a nivel nacional, el sistema de voto automatizado.
Ese sistema de voto automatizado había sido promocionado por el entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, desde el momento en que tomó el mando de ese organismo en el 2016, utilizando como premisa que sus "deseos" de ir “avanzando” con el proceso de votación, para que el mismo se haga más "ágil y sencillo".
Con ese ímpetu, y a pesar de que la idea no fue bien acogida dentro de los varios sectores de la sociedad, para la escogencia de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en noviembre del 2018, dónde se dieron resultados 18 minutos después de terminada la votación.
Otra prueba en las elecciones de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) que se llevó a cabo este miércoles en 11 municipios del país y el Distrito Nacional, para definir los puestos del Comité Ejecutivo de las 24 asociaciones que la componen, de donde por igual salieron con buenos resultados y recepciones.
Con la percepción general de que el sistema era funcional, los partidos aceptaron que el mismo sea utilizado para las primarias simultáneas e internas e incluso promovieron el uso del mismo durante un "simulacro nacional" realizado un mes antes de ese torneo electoral.
Sin embargo, el primer mal sabor con el sistema sería sentido la misma noche del domingo seis de octubre del 2019, cuando el hasta ese momento líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, acusó a la bancada encabezada por el entonces presidente, Danilo Medina, de realizar un fraude electrónico a favor de Gonzalo Castillo, para que él fuera el candidato presidencial del partido morado en vez de Fernández.
Posteriormente, declaraciones de Castaños Guzmán y una auditoría forense realizada por la empresa española Alhambra Eidos, que determinó que el sistema de votación funcionó correctamente en materia de seguridad y desempeño durante el referido proceso de elecciones y que no hubo código malicioso que afectara el desarrollo del proceso, volvió mejorar la percepción del sistema ante la opinión pública, aunque no evitó la división entre danilistas y leonelistas y la posterior fundación de la Fuerza del Pueblo, y se acepta su uso para las elecciones municipales.
No obstante, los malos augurios se volvieron a apoderar del ambiente cuando la noche del 15 de febrero varios delegados políticos se presentaron en la JCE y manifestaron que comenzaron a recibir reporte de fallas en las distintas demarcaciones e incluso muchos lo llegaron a describir como “crónica de una muerte anunciada”.
“Como delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), viví lo ocurrido ese día 16, desde el día 15 de febrero a las 6?pm, cuando recibí las primeras noticias de las pruebas que se habían hecho en algunos municipios como San Francisco de Macorís y Puerto Plata. Me apersoné a la JCE y esa noche viví la crónica de una muerte anunciada”, fue lo dicho por el entonces delegado ante el órgano electoral por el PRM, Orlando Jorge Mera, al LISTÍN DIARIO en declaraciones publicadas el 17 de febrero del 2022.
Ese miedo expresado se hizo realidad cuando a las 11:11 de la mañana del 16 de febrero, Castaños Guzmán anunció que debido a problemas causados en los equipos del voto automatizado, que se usarían en 16 municipios y el Distrito Nacional, ya que se presentaban fallos al momento de cargar la boleta electrónica, a pesar de que un análisis previo realizado por equipo de evaluación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) determinó que la arquitectura y el diseño general del sistema son de alta calidad y están bien ejecutados.
Además de un estallido social, la suspensión de esos comicios trajo consigo una auditoria forense de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una solicitud del Estado Dominicano.
La auditoría consistió en la toma de manera aleatoria 80 equipos del voto automatizado de las suspendidas elecciones.
De esos 80 equipos serían elegidos veinte aparatos que nunca presentaron inconvenientes, veinte que presentaron fallas y nunca se arreglaron, veinte máquinas que estuvieron defectuosas, pero finalmente funcionaron y veinte que pertenecían a la parte de respaldo.
En el informe, de 45 páginas, dado a conocer por la OEA en la noche del 14 de abril de ese año, la entidad determinó que las fallas en el sistema se produjeron por errores cometidos por los técnicos de la dirección de Informática de la JCE y no por ataques externos al software, lo que resultó en la cancelación del entonces director de Informática de la entidad, Miguel Ángel García, quien estaba suspendido desde el 19 de febrero anterior y sustituido por Johnny Rivera antes de las elecciones presidenciales del 5 de julio y total reestructuración de ese departamento con relación a su funcionamiento y supervisión.
La decisión del Constitucional
Días antes de las suspendidas elecciones, Namphi Rodríguez depositó ante el Tribunal Constitucional acción directa en inconstitucionalidad contra artículo 99 de la ley 15-19, orgánica del régimen electoral, que establece el sistema de votación automatizado de manera progresiva.
La solicitud fue acogida y a mediados del 2022 el TC anuló ese artículo y el 123 de ese mismo texto legislativo, además del párrafo del artículo 52 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Inclusión en la nueva ley
Parte de los nuevos intentos de modificación de la ley 15-19 que se vio truncada por momentos debido a las insistencias del PLD porque en las mismas se incluya el voto automatizado, pero la nueva versión de la legislación fue aprobada sin que se incluyera ese aspecto, a pesar de que la gran mayoría de los partidos políticos lo han usado para definir posiciones internas.
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