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Sabía que el turismo era un sector resiliente en República Dominicana, pero no tenía idea de que fuera capaz de tener tanto éxito a pesar de que en el país se registran múltiples acciones con potencial para destruirlo.
Reconozco que el gobierno de Luis Abinader mantiene tres gigantescas políticas públicas para apoyar el turismo: inversiones en infraestructura para facilitar sus operaciones, exenciones fiscales de todo tipo y promoción del país como destino, a la par de un esfuerzo descomunal para silenciar informaciones que “dañen” la imagen del país.
Esa es la cara de la moneda y no necesita cifras ni ejemplos concretos. Están a la vista. La cruz de la moneda la representa la pésima gestión de la seguridad ciudadana, la demostración palmaria de la bestialidad policial, la violencia machista, los asaltos callejeros, el robo con escalamiento, el caos del tránsito; las ciudades, carreteras, ríos, playas y senderos cubiertos de basura, la inoperancia de la justicia, la corrupción y la extorsión.
La cara, generosa a más no poder, el gobierno la da graciosamente y los inversionistas nativos y extranjeros la reciben a carcajadas.
La cruz, el gobierno se la sirve al turismo involuntariamente por incompetencia, por falta de compromiso con el servicio público, por la selectividad en la aplicación de las leyes y porque son políticos buscando cargos y riquezas, para nada estadistas y mucho menos ministros que se respeten y respeten al pueblo que los eligió.
Enemigos innecesarios
Tan pronto Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegaron al gobierno tras la “operación remate”, el mandatario hizo voluntariamente unas demostraciones innecesarias y dañinas.
El 30 de octubre de 2020 el gobierno declaró su intención de trasladar la embajada dominicana de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Donald Trump de tratar de arrebatar la capital de Palestina para entregársela a Israel.
Los árabes en todo el mundo miraron para arriba y para abajo preguntándose ¿por qué un presidente de ascendencia libanesa actúa con ese desprecio a 450 millones de personas?
Ese mismo día Abinader declaró que a empresas de la República Popular China no se les permitiría invertir en áreas estratégicas como telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, porque están reservadas para “alianzas estratégicas con los Estados Unidos”.
El desprecio fue directo a 1,400 millones de chinos, a la segunda economía más grande del mundo, ejemplo de rigurosa aplicación de la ley, castigador por excelencia del robo y las drogas, audaces innovadores en tecnología y con gran historial de cooperación.
A pesar de ese desprecio fundado en un alineamiento total con Estados Unidos, cuando República Dominicana necesitó las vacunas para prevenir el contagio del Covid, no fue el ‘aliado preferido’ de Abinader el que las vendió, sino la nación que él envió al basurero, China, quien las suplió y le permitió un exitoso programa de vacunación.
Pendiente de las vacunas de Estados Unidos y Reino Unido, el gobierno de Abinader hubiese tenido un desastre con la vacunación, pero al recurrir a la vilipendiada China, las vacunas llegaron a tiempo y todo el que quiso vacunarse aquí, lo hizo y el gobierno se anotó un éxito indiscutible.
La gestión de seguridad
Es un hecho comprobado que en el país la inseguridad es general y se ha extendido a calles, carreteras, avenidas, barrios, complejos turísticos, casas campestres y torres residenciales.
Frente a esa realidad, después de prometer el Plan Rudy Giuliani y aplicar el Plan Chu Vásquez, la situación está fuera de control y lejos de apurar una verdadera reforma policial que desmonte el sistema de corrupción y terror que ha imperado por años, se recurre a dar palos de ciegas improvisando acciones sin coherencia.
El 19 de noviembre pasado, hablando en tono muy enérgico en el Club San Carlos, Abinader declaró que la delincuencia sería enfrentada duramente por la Policía Nacional.
Sus palabras, entendidas como una orden directa en su voz, fueron: “Los que tienen la decisión de alterar la paz y la seguridad, serán enfrentados en cualquier terreno”.
¿Y qué es en cualquier terreno? El terreno en el que operan los delincuentes es en la violación de la ley y los derechos ciudadanos y un gobierno democrático el combate apegado a la ley sin pisotear los derechos humanos.
Esa es la diferencia. El delincuente, el criminal, el asaltante, no respeta la ley. Un gobierno democrático sí debe respetarla y hacerla cumplir, sin salirse de ella.
Pero cuando el gobierno ordena atacar a la delincuencia “en cualquier terreno”, significa que ha decidido pasarse por encima de la ley y combatir la delincuencia social con la delincuencia oficial.
Por eso el país ha vivido tres semanas muy violentas en las que la Policía ha matado a tiros a más de veinte “delincuentes” declarados por ellos mismos, no por un tribunal, en “intercambios de disparos”, sin una sola baja (gracias a Dios) en las tropas que están imponiendo el orden.
Decirle que salga a cazar delincuentes con fusiles AK-47 y M-16 a la misma Policía que apresó y asesinó a Richard Báez (El peluquero) en Santiago, en marzo pasado; que arrestó y mató a golpes a José Gregorio Custodio, en Ocoa, en Semana Santa, y que capturó y explotó a David de los Santos en el ensanche Naco, en mayo, es poner a la rata a cuidar el queso de un tullido.
Por eso los resultados no pueden ser más aleccionadores y la mudez del liderazgo político, el mejor ejemplo de que República Dominicana está sumida en una de sus peores etapas de conservadurismo.
Martes 13
El martes 13 - ¡Zafa! - fue un día de proverbial bestialidad. En la madrugada tropas de la Policía mataron de múltiples disparos de fusil al empresario Daniel Rodríguez, en Gurabo, Santiago, durante “un allanamiento” fuera de horario legal y sin ninguna justificación.
Las tropas llegaron junto al fiscal Juan Elías Pérez, derribaron la puerta y completaron su trabajo matando a Rodríguez, humillando a su mujer, se llevaron las cámaras de vigilancia, recogieron los casquillos, el dinero que tenía para comprar un camión para distribuir los productos de limpieza que elaboraba, y la flamante Fiscalía de Santiago –ministerio Público independiente de Miriam Germán y Abinader- se silencia.
Como se silencian los partidos políticos, las fuerzas vivas de Santiago, los obispos –tan elocuentes ellos cuando quieren-, sumándose como cómplices pasivos a la danza de sangre y perversidad que permea al país.
Para completar el remate del martes 13, en la noche, las tropas demoledoras de la Policía cayeron en Los Alcarrizos y descabezaron la banda “30-30”, culpable de hechos horrorosos de asesinato, asalto, secuestro y tortura. ¿Por qué no estaban en la cárcel?
El saldo neto fue seis muertos, incluyendo a dos policías que se señalan como bandoleros y ninguno de la tropa policial atacante herido.
Un mudo, en lenguaje de señas, me dijo que esa banda era consentida y ante el peligro de que se delatara la complicidad oficial, fue entrampada y descabezada, a plomo limpio, para destruir testimonios y evidencias.
Este país es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, lo que lo compromete a respetar la ley aun cuando se enfrente a quienes la violan, porque es un Estado de derecho, no una banda rival de los delincuentes.
Por increíble que parezca, los turistas ignoran todo esto o corren el riesgo de exponerse a esos métodos delincuenciales –de autoridad y antisociales- para venir a disfrutar de este paraíso que se enseñorea en el corazón del mar Caribe.
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