El Presidente de la República, Luis Abinader, fue intimado por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, asigne a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público.
La intimación al mandatario, fue hecha por el coordinador general de la entidad, Francisco Rodríguez Camilo, a través del ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, mediante acto 304-22, del 20 de septiembre pasado.
En el acto de alguacil también se intima a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi) y el director general de presupuesto, José Rijo Prebost.
En el aviso y puesta en mora los fiscales piden que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2023 se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público.
Advierten en el acto de alguacil de que en caso de no consentir su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Rodríguez Camilo, coordinador general de la Asociación de Fiscales sostuvo que con la asignación de los recursos económicos que le corresponden al Ministerio Público, se cristalizará y consolidará la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República.
Manifestó que de esa manera ese órgano extra poder adscrito al sistema judicial pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003, con la promulgación de la Ley No.78-03 (derogada), los cuales fueron incorporados a la Ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público, lo cual nunca se ha cumplido.
Violan sus derechos
Rodríguez Camilo consideró que los fiscales reciben el pago de un salario “insignificante”, en violación a lo que disponen las leyes 78-03 (derogada) y 133-11, las cuales les asignan un salario, remuneraciones e incentivos al mismo nivel o superior al que les pagan a los jueces ante los cuales ejercen sus funciones, motivo por el cual, no soportarán más burlas de parte de las autoridades, ni violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de todos los fiscales del país.
A su juicio, otros derechos fundamentales que se les están violando a todos los miembros del Ministerio Público son: el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República; el derecho a la dignidad humana, establecido en el artículo 38 de la Carta Magna.
Asimismo, el derecho a la protección y asistencia a las personas de tercera edad, contenido en el artículo 57; el derecho a la seguridad social para protegerlos en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez, entre otros.
Argumentó el Rodríguez Camilo que los fiscales carecen de un salario digno y decoroso, al nivel de las funciones que desempeñan y que no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obliga a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios, rodeados de los focos de delincuencia.
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