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La República Dominicana debe hacer suya y respaldar la iniciativa que en el año 2003 emprendió el expresidente Jean Bertrand Aristide mediante la cual Haití formalizó una reclamación judicial a Francia por un monto de US$ 21,685,135,571.48 (veintiun mil seiscientos ochenta y cinco mil millones de dólares ciento treinta y cinco mil quinientos setenta y uno con cuarenta y ocho centavos).
Otros cálculos estiman la compensación adeudada a Haití por Francia en 115,000 millones de dólares.En julio de 1825, tras 21 años de haber proclamado su independencia, el rey Carlos X de Francia envió una flota interventora a Haití conminando al entonces gobierno de Boyer al pago inmediato de 150 millones de francos o enfrentar otra guerra. La exigencia, además de ilegítima era descomunal y fue establecida no solo a sabiendas de que Haití no podría pagarla sino precisamente por eso, para de nuevo y sin grilletes, encadenar a los negros. Boyer, temeroso del regreso a la esclavitud, cedió y Haití debió endeudarse más allá de sus posibilidades.
63 años después, en 1888, para pagar el último tramo de esa deuda, Haití tuvo que endeudarse de nuevo, esta vez con bancos americanos. Añadieron agravio al insulto; tampoco pudieron pagar y en 1915 los banqueros promovieron la invasión y ocupación de Haití por tropas de Estados Unidos durante 19 años.
La miseria haitiana de hoy es el bochornoso producto de haber sido obligado a destinar la mayor parte de sus ingresos no a desarrollar el país sino a pagar una deuda ilegal donde los antiguos colonos, los intermediarios bancarios y algunos elementos de la élite política haitiana llenaron sus arcas.
La legitimidad del reclamo que hizo Aristide y que le costó el poder tras un golpe de Estado en el 2006, está avalada por una abundante documentación, experticios legales, historiadores financieros, financistas y al menos un expresidente francés, Francois Hollande, quien en 2015, tras haber declarado legítimo el reclamo haitiano de la deuda, se vió acosado por las élites modernas y reculó diciendo que la deuda era solamente moral.
Al reclamo de compensación monetaria, la República Dominicana, a nombre y favor de la población haitiana, debe añadir el lanzamiento de una campaña de “compensación histórica de daños” mediante la cual, los dos países más seriamente involucrados y directamente responsables de la tragedia haitiana -Francia y Estados Unidos- deberán comprometerse a una cuota anual de acogida de inmigrantes hasta haber reducido el total de población haitiana viviendo en su país a la mitad del existente al momento de forjarse el acuerdo.
Por su parte, las autoridades dominicanas deberían facilitar, dentro de lo que las leyes actuales permitan, que emigren hacia el extranjero especialmente, a Estados Unidos, los haitianos interesados en intentarlo. En el caso específico haitiano, Canadá, Francia y algunas colonias francófonas resultan igualmente atractivas para esa emigración. Viajar a esos países es solamente parte de la indemnización debida al pueblo haitiano por 200 años de iniquidades.
Dado que Haití no está en condiciones de emprender estas iniciativas por sí solo y considerando la importancia relativa de la República Dominicana en la región, será necesario asumir esas campañas y gestionar una instancia internacional con algunos países no vinculados a la tragedia haitiana en capacidad de actuar como entidad supranacional hasta que hayan surgido capacidades locales que puedan participar en el diseño y la administración de los recursos y posibilidades generados en los puntos descritos.
Frente al caos y la anarquía haitiana, la mejor protección de la soberanía y la independencia dominicana es entender que demonizar a Haití no es una solución y es de hecho, la verificación precisa de la falta de una política al respecto. No se ha entendido, más que de manera ocasional, que Haití ha debido ser el centro de la política exterior dominicana. Ahora procede entender, además, que ayudar a Haití apoyando y defendiendo sus reivindicaciones legítimas, elimina de un plumazo las acusaciones que contra el país se han formulado y la denuncia y la enemistad serán seguidas por un ambiente de cooperación y respeto. Mientras más sólida y eficiente es la democracia dominicana, más segura está nuestra frontera, nuestra sociedad y nuestro país; no hay mejor camino para la protección de sus instituciones y del proceso democrático que contribuir al restablecimiento del orden en Haití.
El peligro haitiano no es militar en el sentido tradicional; ni siquiera tienen ejército para invadirnos militarmente, pero sí exportan hacia nosotros el desorden y la anarquía en la que viven. De hecho, una parte del desorden dominicano, la pérdida de algunos valores, la quiebra de algunas normas de conducta está relacionada con la presencia masiva de haitianos en todo el territorio.
Mientras más organizados estemos, mientras más limpia la Policía, mientras más profesional el Ejército y mientras más pulcra e independiente la administración de justicia, más seguros estaremos los dominicanos entre nosotros mismos, pero también frente a extranjeros, sean o no haitianos.
Sanear la justicia y adecentar la política son banderas de Rescate Democrático y son esenciales a nuestra supervivencia como nación y como sociedad.
La única alternativa dominicana a este curso de acción y en la certeza absoluta de que todas las otras políticas no tienen posibilidad de éxito, es proceder a la matanza y exterminio de millones de haitianos. Quienes estén listos y en capacidad de implementar semejante solución, tienen la palabra.
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