La vida nos coloca en diferentes momentos en lugares y espacio de participación que nos ponen a prueba y nos dan la oportunidad de demostrar si en verdad estamos en capacidad de poner en práctica lo que pensamos o decimos, si las palabras les hacen honor a los hechos.
Asumir con responsabilidad el desempeño de una función pública nos permite demostrar la esencia de lo que realmente somos, nos da la oportunidad de hacer lo que muchas veces predicamos en las aulas, en los pasillos universitarios, en programas de radio y televisión o los discursos de campaña.
Hay personas que se pasan la vida predicando una filosofía moralista y exigiéndole a otros el cumplimiento de sus obligaciones basados en valores éticos y morales, sin embargo, cuando les toca administrar o dirigir instituciones públicas actúan contrario a sus prédicas llenando de frustración a quienes confiaron en ellos.
Durante el ejercicio de mi participación en la lucha por el logro de reivindicaciones y por el establecimiento de un régimen de justicia y bienestar para todos los dominicanos, he tenido la oportunidad de haber compartido con figuras de renombre que en el pasado se ganaron un buen liderazgo y el reconocimiento personal por la prédica en favor del establecimiento de un marco de prevención y lucha contra la corrupción, pero en los hechos han demostrado que una vez que les tocó poner en práctica lo que habían prometido, han sido señalados como corruptos.
El momento de ocupar una función pública en una de las instituciones del Estado dominicano me llegó a mí, el poder legislativo me escogió como segundo suplente del Defensor del Pueblo, ahora es el momento de demostrar si mis prédicas a mi familia, a mis estudiantes, a mis amigos, a la sociedad, demostrar que mi actitud y mi comportamiento se corresponden con la filosofía que yo he predicado.
Algunas personas que me manifiestan aprecio, respeto y afectos, que conocen de mi postura frente a una serie de situaciones que se dan a lo interno del Defensor del Pueblo, me recomendaron que me estuviera tranquilo, que lo dejara que él se sancochara en su propia salsa, que solo a él lo evaluarían por su inadecuado comportamiento, pero ese tipo de comportamiento choca con mi yo interior, no aprendí a hacer poses, no sé cómo hacerme de la vista gorda frente a las cosas con que no estoy de acuerdo, porque de hacerlo sería cómplice por acción o por omisión.
Cómo me puedo quedar tranquilo si el amigo Pablo Ulloa durante todo un año de gestión no ha convocado una sola reunión con los funcionarios que el legislador le confió la responsabilidad de dirigir al Defensor del Pueblo (El titular como máxima figura del Defensor del Pueblo, los dos Adjuntos y los dos Suplentes). Es penoso que una institución llamada a garantizar que los funcionarios públicos apliquen una sana y práctica administración pública a un año de gestión nunca nos hemos reunidos:
a) Para recibir un informe sobre los activos y pasivos de la gestión que encabezó la doctora Zoila Martínez;
b) Que a esta altura los funcionarios electos escogidos y juramentados por el poder legislativo no sepamos cuál es la situación económica del Defensor del Pueblo;
c) Que nunca hemos sido consultados y mucho menos informados del número de empleados fijos, empleados por contratos y para qué son contratados;
d) Del nombramiento de asesores y saber qué, y a quién asesoran;
e) La realización de diversas actividades con la participación de delegaciones internacionales, cubriéndoles todos los gastos (Pasajes aéreos, hoteles, etc.)
Cuando decidimos guardar silencio frente a situaciones como estas, la no acción, el no proceder o apoyar lo que no es correcto, no solo somos cómplices, somos partícipes de hechos que contravienen con los principios éticos y morales. Hacer siempre lo correcto es una cualidad del ser humano. Como tal, en ocasiones, tal vez lo más apropiado para hacer lo correcto es reconocer nuestras limitaciones.
Si el defensor del Pueblo está facultado para vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo su funcionamiento correcto de parte de estas. La pregunta es, ¿quién supervisa, quién vigila, quién decide el destino de los recursos que dispone el Defensor del Pueblo?
Es ahí donde radica nuestra diferencia, la forma de cómo administrar los recursos de la institución provenientes del presupuesto nacional, recursos obtenidos por el Estado de los impuestos que con mucho sacrificio son pagados por los ciudadanos, la forma y la visión en la contratación del personal de libre nombramiento y del trato que debe dispensársele a nuestros colaboradores.
Mis diferencias con Pablo Ulloa son claras: él cree que el Defensor del Pueblo es unipersonal y en consecuencia solo él y únicamente él está facultado para decidir sobre las estrategias, los planes de trabajo, las actividades, nombrar y cancelar cuando él lo disponga a los empleados, comprometer a través de contratos o acuerdos el nombre de la institución, transferir fondos de una cuenta a otra, y los demás miembros enterarse por los titulares de los medios de comunicación.
En cambio, yo entiendo que el Defensor del Pueblo, por su naturaleza, como institución defensora de los derechos humanos y los derechos fundamentes, veedora de una buena y sana administración pública, debe ser una institución con una dirección colegiada, transparente y apegada a los principios generales de una eficiente administración para dar cumplimiento a los objetivos para lo cual fue creada por el legislador.
Que debe ser una institución profundamente democrática, que descanse en la institucionalidad, transparente y participativa. El defensor del pueblo es una institución de los ciudadanos y para los ciudadanos, yo no sé quién tiene la razón, pero como dice el doctor Jorge Luis Maiorano, ex defensor del Pueblo de la República Argentina: “La vida es hija del tiempo”.
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