Al Conmemorarse la fundación de la ciudad de Santo Domingo (SD), se puede valorar la urbe como resultado de las normativas que la causan, desde la gestión del suelo municipal. Ejemplos como la modificación del estatuto orgánico de Bogotá de Antanas Mockus o la revolución urbana J. Lerner en Curitiba (Brasil) muestran la proporcionalidad directa entre buenas normativas y buena ciudad.
Desde esta óptica, a través de los años, Santo Domingo (SD) se ha regido por precarias normativas de paquete, que normando parcialmente el territorio han generado urbanidad de baja calidad. La Ley 163-01 creó el Distrito Nacional (DN), de 91.58km2 con el 42.69%, de su suelo normado, como la 94-98 o la 132-2001 obsoletas por demás, que basadas en densidad y altura, mutilan el potencial de crecimiento de la capital como se ve en El polígono central (PC).
El PC ocupa 4.26km2 y representa el 4.76% del territorio del DN. Alberga más de 20 centros de salud, 1 escuela pública y 33 colegios privados, 31 bancos, con el 28% del suelo habitacional y el 24% comercial, siendo el polo al que todo los que precisan, desde ofertas gastronómicas hasta opciones educativas, tienen que llegar. Esto explica la expansión de la masa gris de construcción, reductora del espacio público con pobre oferta verde y escasez de parqueos, con una circulación mayor a 125,000 vehículos diarios, entre el tapón y los “deliveries”, constituyen un caos urbano, provocado por el monocentrismo que aúpa la resolución 94-98 .
Por otro lado, la ciudad se queda sin suelo, al PC apenas le quedan 1.73km edificables, la resolución 94-98, fomenta mayor ocupación del suelo y baja altura, lo que no solo impide la compensación vertical para la liberación de suelo para plazas públicas y arbolado, sino que también encarece los precios inmobiliarios, haciendo incosteable una vivienda para la mayoría de capitaleños, que son forzados a optar por habitáculos informales o a domiciliarse periféricamente, haciendo al DN una urbe excluyente o lo que es peor a Santo Domingo, una ciudad para privilegiados.
Así que resignificando la gestión del suelo, donde las normativas no son un fin sino un medio y sabiendo que “la ciudad adecuada es causada por normativas adecuadas”. Concluimos que es impostergable la derogación de la resolución 94-98. En tal sentido, apelando al reiterado compromiso de Carolina Mejía con la ciudad, pido a la alcaldía, la pronta aprobación de nuevas ordenanzas urbanas, para todo el DN. Donde prevalezca el policentrismo, dando prioridad al ciudadano, en un modelo de ciudad compacta de espacios polivalentes, con densidad más inclusiva y vivienda accesible, evitando la gentrificación con desarrollos de usos mixtos, más arborización y más espacios públicos como ámbito de cohesión social, dentro de lo urbano donde Santo Domingo sea un hábitat de calidad, para todos los dominicanos.
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